Comenzaron los cierres de los Centros de Acceso a la Justicia en la ciudad

El cierre de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) comienza a hacerse efectivo en la Ciudad de Buenos Aires y empezó por los barrios que más los necesitan: los trabajadores de los CAJ que atendían en barrios populares como las villas 15, 20 y 21 ya fueron notificados de que no lo harán más. Así se los informó el Ministerio de Justicia de Mariano Cúneo Libarona, que en junio ya había anunciado la decisión al catalogar a los centros que acercan derechos y justicia a las clases populares como una "caja política". La medida impactará en más del 70 por ciento de los espacios existentes, con cierres que empiezan a hacerse realidad mientras los trabajadores y trabajadoras pelean por reincorporaciones con más de 250 puestos laborales en juego.

"Se cierra otra caja política". Con esa frase, el Ministerio anunciaba el pasado 10 de junio que cerraría 81 de los 111 CAJ que hay en todo el país. En un comunicado, sostenía que esos centros eran "ineficientes" y que "acumulaban empleados sin demostrar resultados". El anuncio traducía lo que ese mismo día se hizo oficial a través de la publicación de la Resolución 178/2024 del Ministerio, que con la firma de Cúneo Libarona creaba un "plan de ordenamiento y mejoramiento" de los CAJ.

Allí se argumentaba que los centros territoriales ya no son necesarios, entre otros puntos, gracias al "avance tecnológico" que permitiría acceder al "mismo servicio" de forma "totalmente digital y sin necesidad de concurrir de modo presencial a una dependencia estatal". Es curioso, en ese sentido, los barrios por los que el Ministerio decidió comenzar el recorte: el CAJ de las villas 15, 20 y 21, el del Barrio Ricciardelli -- ex 1-11-14-- y los dos del Mugica -- ex 31 --, además del de Villa Soldati y Barrio Mitre.

"Comenzaron cerrando los CAJ en las villas, en los lugares más vulnerables de la sociedad", advierte a Página 12 Paola Pedroncini, delegada general de ATE del Ministerio de Justicia, sector que viene sufriendo fuertes recortes más allá de los CAJ, con cierres en las áreas de políticas de género o de derechos humanos que dependen del Ministerio. Para Pedroncini, en tanto, todo esto "es el comienzo de una destrucción de las políticas públicas".

Además de la delegada, este diario dialogó con trabajadores y trabajadoras despedidos de los CAJ que prefirieron mantener el anonimato en medio del proceso de cierres, peleas por las reincorporaciones y temores de represalias. En todos los casos coincidieron en su relato de los hechos: el lunes recibieron la notificación del despido en sus mails a través del sistema de recibos electrónicos y al día siguiente llegó otro correo notificando el cierre de los centros territoriales.  

En ese correo, al que accedió Página 12, se informa que "se procederá al cierre de las oficinas" de los ocho CAJ listados y se insta a los "agentes" de esos centros a que retiren sus pertenencias antes de que operarios de la cartera de Justicia procedan "a retirar los bienes y equipamiento del Ministerio". Una de las trabajadores, abogada de los CAJ, sostuvo que "la orden fue cerrar primero los centros villeros que son justamente los que más lo necesitan". Sobre el destino de los inmuebles, en tanto, nada se sabe.

El cierre intempestivo de los centros dejó en un limbo a las personas que atienden los y las abogadas de los centros, con casos de violencia de género o relativos a la niñez incluidos. Desde ATE - Acceso a la Justicia advirtieron, en tanto, que "las agendas de mediaciones que estaban llenas hasta fines de septiembre se han ido al traste, los seguimientos de casos de violencia de género se han visto truncados, las vecinas que se acercaban por casos de violación ahora se quedan sin un lugar donde acudir y muchos consultantes pierden el acceso a la psicóloga del CAJ y no podrán hablar con la trabajadora social que los asistía". "No somos un gasto para el Estado, sino una inversión en la justicia y el bienestar de la comunidad", agregaron.

Pedroncini plantea en este sentido que en el conflicto abierto por los CAJ "hay dos situaciones y peleas distintas": "Por un lado, luchar por la recomposición de las políticas públicas y, por el otro, por las reincorporaciones", sostiene. Desde el gremio confirmaron a este diario que varios trabajadores y trabajadores lograron ser reincorporados en otros CAJ, en la Línea 137 y en la Dirección de Asistencia a la Víctima en la sede de Costanera Sur del ex edificio Tandanor. Los centros fueron creados en el año 2008, por lo que buena parte de sus trabajadores y trabajadoras cuentan con una antigüedad que supera los diez años. Otros pasan incluso los dieciséis años de vida de los CAJ ya que trabajaban desde antes en otras reparticiones del Ministerio. 

Si efectivamente el Gobierno planea avanzar con el cierre de 81 centros del país, los y las trabajadoras tienen razón al asegurar que el conflicto recién comienza. Los ocho espacios cerrados conforman la mitad de los que funcionan dentro de la Ciudad, por lo que, de avanzar la medida, los cierres deberán extenderse a la Provincia y al interior del país. Actualmente, todas las provincias cuentan con al menos un CAJ y desde ATE calculan que, en total, están en peligro más de 250 puestos de trabajo.

Los centros funcionan como oficinas públicas y de atención legal primaria gratuita. Cualquier persona de cualquier barrio puede acercarse a su CAJ para consultar sobre situaciones legales y recibirá atención, orientación y seguimiento. Nacieron para atender a personas con dificultades para acceder a sus derechos. Antes del recambio presidencial, la Dirección de Acceso a la Justicia elaboró un informe en el que indicaba que sólo entre 2020 y 2023 los CAJ recibieron 623.782 consultas .

La mayor parte de esas consultas fueron por el acceso a documentación personal como DNI o partidas de nacimiento, cuestiones referidas a programas sociales o seguridad social, como jubilaciones o pensiones, además de consultas por conflictos familiares, principalmente por violencia de género o el incumplimiento de cuotas alimentarias. Los CAJ promovieron en ese período la representación legal gratuita de 3.561 personas, además de llevar adelante 20.511 mediaciones comunitarias.