¿Cuál es el costo real de la energía?

En un contexto donde las tarifas de luz y de gas en algunos casos llevan acumulado casi un 600 por ciento de incremento en lo que va del año, ¿cómo no lograron cerrar la brecha entre “el costo real de la energía” y el precio que pagan los usuarios finales? Desde la Fundación Encuentro denuncian una política energética del Gobierno sumamente ineficiente, que no utiliza ninguna herramienta de política pública para que los costos reales bajen y descansa en trasladar impactos mayores sobre los usuarios finales.

El informe cobra sentido en un escenario –detectado por los técnicos- donde en los primeros meses de 2024 se observó una reducción del costo de la energía por efecto de la puesta en marcha del gasoducto presidente Néstor Kirchner (GPNK), y posteriormente aumento en esos costos producto de la actitud pasiva de la Secretaría de Energía: en julio los costos alcanzaron los 95,5 dólares por megavatios por hora y superaron así los niveles de 2023, mientras a comienzos de año eran 20 dólares más bajos que en 2023, describe un detallado informe de la Fundación. Apuntan que el de julio fue “el más alto de la media en la última década” (entre 2013 y 2023).

A pesar de comenzar el año con precios de energía históricamente bajos en dólares, en abril estos empezaron a aumentar raudamente. La pregunta que se formulan cuando el Estado habla de trasladar “el costo real de la energía” a los usuarios, es ¿cuál es ese costo real? y ¿por qué no hace nada para contenerlo?

“La actual gestión del Gobierno en materia energética ha adoptado una posición pasiva, dejando de lado oportunidades clave para reducir costos y mejorar la infraestructura de los servicios energéticos. En lugar de utilizar los recursos estratégicos y las condiciones favorables del mercado para aliviar el peso sobre los consumidores, el Gobierno ha preferido trasladar a los usuarios finales sus ineficiencias”, sostienen desde la Fundación. Y repasan cuestiones como el default a las generadoras de energía eléctrica, las decisiones tardías en cuanto a la importación de GNL para el invierno, el retraso en las obras complementarias del GPNK, entre otras malas decisiones de gestión pública.

El Estado optó por no involucrarse en la determinación del costo y sólo se concentró en trasladarlo, cualquiera sea su valor, a las tarifas de las familias. Así ocurrió que “el peso del pago de los servicios públicos de gas natural y energía eléctrica en relación con los ingresos para las familias de menores ingresos pasó de ser del 3,9 por ciento en noviembre de 2023 al 12,8 por ciento en agosto de 2024”, según cita el informe en base al Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (Instituto Interdisciplinario de Economía Política - UBA Conicet).

“Se pasó de un sistema que focalizaba subsidios en las familias de ingresos medios y bajos, a uno que subsidia a todos los hogares residenciales”, advirtieron también desde la Fundación Encuentro.

Retomando el tema de los costos, vale decir que Cristina Fernández de Kirchner también señaló este déficit de atención de la política pública de Javier Milei en su texto publicado el viernes: el ultra libertario Gobierno “solo ha liberado el cuarto precio de la economía, el de los bienes y servicios, aunque con ciertas limitaciones: las tarifas de luz, gas y el transporte todavía conservan exiguos subsidios, en algunos segmentos de usuarios, y el Estado sigue sin contar con datos fehacientes sobre los costos reales de esos sectores”.

El Estado quien elige no concentrarse desde la política energética en la reducción de costos del sistema –lo deja al libre albedrío de un mercado controlado por un puñado de empresas concesionarias monopólicas- y tampoco tomar decisiones para lograr que esa energía cueste menos y por lo tanto que el traslado a los usuarios sea coherente. El Gobierno de Milei hizo todo lo contrario, prefirió trasladar un mayor costo a los usuarios finales y se desligó de sus funciones, como un chico. Encima dejó de pagarle a las generadoras de electricidad, generando una nueva deuda.

Punto de partida y llegada

“La gestión actual de la Secretaría de Energía partió de una posición favorable al contar con precios relativamente bajos de generación de energía en comparación con administraciones anteriores. En diciembre de 2023 y enero de 2024, gracias a las obras del GPNK y de lluvias que permitieron aumentar la generación hidroeléctrica, el MWh de la generación costó 20 dólares menos que en 2023”, aclara el documento.

En julio esa diferencia se invirtió y desde la Fundación proyectan que se mantendrán estos costos relativamente más caros al menos hasta octubre de este año. En paralelo, en lo que va de 2024, las tarifas de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires experimentaron aumentos desproporcionados, llegando casi al 600 por ciento, según detallan en el informe y subrayan que las mayores subas las soportaron los hogares de ingresos medios.

Aún así, el objetivo de que las familias paguen "lo que realmente cuesta la energía" está lejos de alcanzarse, sostienen: “A septiembre de 2024, la cobertura de los costos de la energía eléctrica no llega al 100 por ciento en ningún segmento de usuarios finales, y mucho menos en los residenciales. En promedio, la cobertura del costo de abastecimiento de gas es del 55 por ciento para los usuarios de mayores ingresos (N1), mientras que los usuarios de menores ingresos e ingresos medios (N2 y N3) pagan solo el 20 y 25 por ciento del costo, respectivamente. Del mismo modo, la cobertura de costos eléctricos se ubica en el 86 por ciento para los usuarios N1, y en 24 y 38 por ciento para los N2 y N3, respectivamente”.

Por más que hubieron tarifas (muy) crecientes, no lograron cerrar la brecha entre “el costo real de la energía” y el precio que pagan los usuarios finales.