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Dos días después de que Javier Milei lanzara una sarta de fake news sobre el alcance de los tratamientos médicos para niñeces y adolescencias trans, el Gobierno informó que “ha tomado la decisión de prohibir los tratamientos y cirugías para cambio de género en menores de edad”. El anuncio, en línea con decisiones similares del presidente Donald Trump, se dio a conocer a través de un mensaje grabado del vocero presidencial y de un comunicado de prensa de la Oficina del Presidente. Para activistas LGBT, son “una represalia por la marcha del sábado” y buscan generar “pánico moral” y “desviar la atención” frente “a la probabilidad de problemas en el corto o mediano plazo con la Economía”.
“Una ley solo se puede modificar por otra ley. Además, las leyes no pueden ser regresivas. Es decir, no se pueden quitar derechos conquistados”, advirtió, en diálogo con Página 12, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. “Una vez más se debe reiterar el ABC del sistema jurídico: el Poder Ejecutivo no puede derogar por decreto leyes sancionadas por el órgano que tiene, justamente, esa función como lo es el Congreso”, destacó la abogada Marisa Herrera, profesora de la UBA e investigadora del Conicet.
La modificación a la Ley de Identidad de Género que impulsaría el Gobierno pretende que los procesos de hormonización, que en la actualidad se habilitan a partir de los 16 años --con autorización de los padres y en base a un proceso integral de evaluación de parte del equipo médico-- pasen a ser a permitirse dos años más tarde, desde los 18 años. Casualidad o no, el anuncio se hizo el día del aniversario del fallecimiento de la histórica activista trans Lohana Berkins
En su argumentación, el Gobierno insistió con la idea de vincular lo que llaman “ideología de género” --que, en realidad, es la agenda de ampliación de derechos de los feminismos y el activismo LGBT+-- con el abuso en la infancia: "La ideología de género llevada al extremo y aplicada en niños por la fuerza o la coerción psicológica constituye lisa y llanamente abuso infantil", dice el comunicado.
Y agregó, sin ningún tipo de aval científico, que "los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares, y consecuencias catastróficas en la salud mental".
Los cambios a la Ley 26.743 incluirían, según explicaron voceros del Ministerio de Salud, la derogación del artículo 5, que permite a los menores de 18 cambiar el sexo, el nombre de pila y la fotografía del documento de identidad en el Registro Nacional de las Personas. A la vez, la modificación del artículo 11, que en adelante, establecería que los menores de edad “ya no podrán realizarse intervenciones quirúrgicas totales o parciales o tratamientos integrales hormonales para modificar su cuerpo, incluidos sus genitales”, ampliaron en Salud.
También el Gobierno anunció que el alojamiento de los detenidos carcelarios se determinará según el sexo registrado al momento del hecho delictivo.
Desde la Federación Argentina LGBT+, y con el hashtag #MileiMiente, aclararon en un posteo en X, que “La Ley de Identidad de Género no permite las cirugías de reasignación para menores de 18 años” y señalaron que “El gobierno no puede cambiar una ley, ni prohibir nada a través de declaraciones de su vocero”.
Consultado por este diario, el activista trans e intersex Mauro Cabral precisó que “ni en la Argentina ni en ninguna parte se opera a niños o niñas trans. Tampoco se les hacen tratamientos hormonales. Al llegar a la pubertad pueden tomar bloqueadores hormonales, que retrasan el efecto de las hormonas. Esos tratamientos son reversibles. Los tratamientos hormonales en general comienzan en la adolescencia tardía. Para ese entonces, los y las adolescentes trans tienen los mismos derechos que otros y otras adolescentes a tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo. A los 16 años se tiene derecho a votar, se tiene derecho a abortar. ¿Cómo no se va a tener derecho a decidir sobre un tratamiento hormonal?”, se preguntó.
Al mismo tiempo, Cabral consideró que “la palabra 'menores' es engañosa, porque un niño de 2 años es un menor, una niña de 10 años es menor y una de 17 años es una menor. Sin embargo, el marco de los derechos del niño asegura que su autonomía sea reconocida de acuerdo a su capacidad progresiva: prohibir tratamientos hormonales en 'menores' es considerar que desde el nacimiento hasta los 18 años la capacidad de tomar decisiones informadas sobre el propio cuerpo es la misma, algo que contradice el propio Código Civil argentino”.
Cabral advirtió que un anuncio que parece orientado a “salvar menores trans” es, en realidad, una operación para avanzar sobre los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas menores de 18 años. Sin embargo, alertó “el Gobierno no dice ni una palabra de los tratamientos que sí se hacen en Argentina en niños y niñas intersex, es decir, que nacieron con variaciones de las características sexuales. A ellos sí se los hormoniza y sí se los opera”.
En la entrevista que dio el lunes por la noche a La Nación +, Milei afirmó que en la provincia de Buenos Aires funcionan 240 centros de hormonización donde "amputan los genitales a una criatura", información que fue desmentida por el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak.
El activista Lucho Fabbri agregó que “en el fondo, se trata de un doble estándar” porque “si un adolescente cis toma hormonas para desarrollar características sexuales secundarias 'esperadas', nadie lo cuestiona. Si un adolescente trans quiere hacer lo mismo, se activa el pánico moral”. En un hilo de X enumeró los distintos cuadros médicos por los cuales adolescentes cis, varones o mujeres, reciben traramientos hormonales sin que haya ningún tipo de cuestionamientos. “Se mezclan preocupaciones legítimas con discursos ideológicos que buscan frenar derechos”, analizó.
“Si realmente el problema fueran los efectos de las hormonas en menores, entonces también se cuestionarían anticonceptivos, anabólicos y cirugías en adolescentes cis. Pero no pasa”, agregó.
Para la activista lesbiana y ex integrante del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, Maria Luisa Peralta, los anuncios del Gobierno hay que interpretarlos en varias claves simultáneas. Por un lado, “son una represalia a la marcha del sábado” y por el otro, responden a “la decisión de sacrificar a las personas trans” para “seguir desviando la atención de lo que un montón de economistas están señalando como puntos de riesgo o de probabilidad de problemas en el corto o mediano plazo con la Economía.
Pero, alertó que no se trata solo de una cortina de humo. “Esto tiene efectos concretos, graves en las vidas de muchas personas LGBT. Y este anuncio va a impactar directamente en la salud y la vida de personas trans”. Y señaló que “la tasa de suicidio, depresión y ansiedad de niñxs y adolescentes trans es muy alta. Y se vio que desciende significativamente si se respeta su identidad”.