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Javier Milei y Federico Sturzenegger
El Gobierno de Javier Milei dispuso que se podrá obligar a las empresas empleadoras a aportar dinero a cámaras empresariales, algo que se hacía en virtud de acuerdos colectivos de trabajo. Se trata de una medida contra las contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales signatarias de esos acuerdos, que deben pagar empleadores no asociados o afiliados.
La medida se oficializó a partir de la vigencia del Decreto 149/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Según los argumentos del Gobierno, las cláusulas que imponen aportes a entidades no asociadas carecen de base normativa, por lo que no se podrá seguir exigiendo el pago de estas contribuciones obligatorias. No obstante, las cláusulas de acuerdos ya firmados seguirán siendo válidas, pero ya no se permitirá que se utilice esta herramienta en futuras negociaciones.
Entre otros casos, en la actividad del comercio esta obligación les impone a los establecimientos el pago de unos $6000 millones mensuales para presuntas actividades de capacitación, según afirmaron fuentes oficiales.
Se trata de un pago obligatorio del empleador al Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap), que fue creado en 2008 y que alcanza a 1,2 millones de trabajadores (la de comercio es la paritaria más grande del país). Para tener una idea, según fuentes del Gobierno en marzo la cuota es de $4725,02 por empleado; representa el 0,50% del salario de maestranza A inicial y sube con cada paritaria, y se paga aunque no se capacite.
Fuentes oficiales indicaron que el Gobierno no homologará acuerdos colectivos que impongan este tipo de contribuciones, ya que se estaba haciendo una "interpretación incorrecta" de la ley que regula estos convenios. Además, el cambio fue solicitado por numerosas entidades gremiales empresarias de todo el país, que no recibían estas contribuciones.
Es importante recordar que una de las versiones del proyecto de la Ley Bases proponía la eliminación de los aportes solidarios de los trabajadores no afiliados a sindicatos, aunque finalmente esta propuesta no fue aprobada.