En solidaridad con Bolsonaro, una empresa de Trump denunció a un juez de Brasil 

La empresa de medios del presidente estadounidense, Donald Trump, y la plataforma de videos Rumble presentaron este miércoles una demanda por presunta censura contra el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, a cargo de investigar al exjefe de Estado Jair Bolsonaro, acusado de golpismo.

La demanda fue presentada en una corte federal de Tampa, en el estado de Florida (sureste), después de que la Procuraduría General de la República brasileña acusara a Bolsonaro de atentar contra el Estado de derecho y de liderar la organización que ideó un plan para matar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

La denuncia

En entrevistas concedidas a medios estadounidenses, Bolsonaro pidió en enero que Trump interviniera en contra del juez De Moraes. Así, con la demanda, el magnate norteamericano se solidariza con el líder de la derecha opositora en Brasil, uno de sus grandes aliados en el continente. Ambos tienen problemas con la justicia, que los acusa de haber intentado alterar los resultados tras sus derrotas electorales en 2020 y 2022, respectivamente.

Concretamente el Grupo Trump Media & Technology, propiedad del magnate republicano y que administra su plataforma Truth Social, y Rumble denuncian a De Moraes de censurar las voces de la derecha en las redes sociales.

En la demanda consideran que el magistrado se extralimita en sus competencias por "censurar el discurso político legítimo en Estados Unidos, socavando protecciones constitucionales fundamentales consagradas en la Primera Enmienda", que protege la libertad de expresión. También argumentan que las órdenes de De Moraes, que obligan a las plataformas a suspender algunas cuentas, violan la libertad de expresión en Estados Unidos y exceden su jurisdicción. Dichas órdenes conllevan multas diarias de unos 9.000 dólares y amenazas de cierre de plataformas. 

Aunque Truth Social no se ha visto directamente afectada por las restricciones brasileñas, alega que podría verse perjudicada porque depende de la tecnología de Rumble. Con la demanda piden que se impida aplicar las órdenes de De Moraes en Estados Unidos. En 2024 el magistrado ya se enfrentó a X bloqueando la red social en Brasil hasta que su propietario, Elon Musk, cumplió las órdenes de suspensión de cuentas. Lo consideró necesario para proteger la democracia brasileña.

Las acusaciones contra bolsonaro 

Brasil es escenario de una espiral de tensiones políticas. Bolsonaro, de 69 años, fue acusado principalmente de "golpe de Estado", "tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho" y "organización criminal armada" para impedir la asunción de Lula tras las elecciones de finales de 2022. Si es hallado culpable, podría ser condenado a 40 años de prisión.

Una vez que se pronuncie la defensa de Bolsonaro y de otros 33 acusados de haber participado en el intento de golpe, el juez Alexandre de Moraes, llevará la denuncia a sus colegas de la Primera Sala del Supremo, formada por cinco magistrados de perfil progresista que decidirán si abren juicio contra el ex jefe de Estado (2019-2022).

Según la denuncia de la Fiscalía, Bolsonaro se rodeó del núcleo duro de su Gobierno y de militares de alto rango, como el excomandante de la Marina Almir Garnier Santos, para poner en marcha un plan criminal con fines golpistas. El complot habría empezado a orquestarse en 2021, cuando el Supremo anuló las condenas por corrupción a Lula, lo que le permitió recuperar sus derechos políticos y poder presentarse a las elecciones de 2022, en las que venció a Bolsonaro.

Con su derrota en las urnas, Bolsonaro buscó encontrar una forma de convencer a las Fuerzas Armadas a adherirse al golpe, según la declaración de su antiguo ayudante personal, el teniente-coronel Mauro Cid. La confesión del exedecán, que el Supremo hizo pública este miércoles, ha sido clave para la investigación.

El supuesto golpe incluía decretar el estado de sitio, anular las elecciones y establecer "un nuevo orden". Según Cid, Bolsonaro participó en la redacción de un borrador de decreto para hacer realidad ese escenario y que incluso se lo presentó a la cúpula militar en diciembre de 2022. Los acusados también plantearon el asesinato por envenenamiento de Lula. Según la Fiscalía, Bolsonaro tuvo pleno conocimiento de ello y aceptó llevar a cabo el magnicidio. Nada se materializó.

Sin embargo, hubo un último intento desesperado el 8 de enero de 2023, con Lula ya en el poder, cuando miles de radicales de extrema derecha invadieron de forma violenta las sedes de la Presidencia, el Supremo y el Parlamento. Por ese episodio, ya han sido condenadas cerca de 400 personas por delitos similares a los que Bolsonaro puede ser hallado culpable.

El exmandatario Bolsonaro niega las acusaciones en su contra y, al igual que Trump, se considera perseguido por la justicia. Es más, acusó a las autoridades del país de imponer un régimen autoritario. "El manual es bien conocido: fabrican acusaciones vagas, dicen estar preocupados por la democracia o la soberanía y persiguen a los opositores", sentenció.