"Es más delito robarse un pan que desforestar"

"Argentina se encuentra en emergencia forestal", alertó el Informe sobre la Desforestación en el Norte de Argentina hecho por Greenpeace. El año pasado se desmontaron 119.886 hectáreas. De esas, casi 56 mil pertenecen a Santiago del Estero. Entre las áreas desmontadas e incendiadas, se perdieron 149.649 hectáreas de bosque nativo sólo en el norte argentino.

La organización monitorea el desmonte y los incendios forestales de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, que es donde ocurren alrededor del 75 por ciento de los desmontes. Según datos de la Dirección de Bosques de la Nación, entre 1998 y 2023, la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de 7 millones de hectáreas. Greenpeace compara esta superficie con la de Formosa.

Según la organización ambientalista, las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria --mayormente para ganadería intensiva y soja transgénica exportada a Asia y Europa-- y los incendios forestales. Sobre esto, el informe no dudó en advertir: "Más deforestación significa más cambio climático, inundaciones, desertificación, desalojos de comunidades campesinas e indígenas, desaparición de especies en peligro de extinción y enfermedades".

Frente a esta "alarmante situación", la organización llamó a poner en la agenda de discusión pública un proyecto de ley que  prohíba y penalice tanto los desmontes como los incendios forestales. "Hoy, en nuestro sistema jurídico, es más delito robarse un pan para comer que desforestar una finca del tamaño de la ciudad de Buenos Aires, que ha sucedido", denunció Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, en diálogo con Página/12. Desforestar no es un delito penal, explica, sino que la actual Ley de Bosques limita las áreas permitidas.

La Ley de Bosques

"La ley que se consiguió en 2007 es muy buena porque dictó dónde se podía y dónde no se podía conseguir un permiso de desmonte. A esta altura, después de tanto tiempo, si bien la deforestación bajó un poco comparado a cuando no estaba la ley de bosques, seguimos teniendo números muy altos" indicó Giardini. En los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo --con 3.400 especies de plantas, 500 aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios-- se producen grandes desmontes.

Si bien, desde el año 2014 se mantiene cierta tendencia de disminución de los desmontes, Greenpeace destacó que la pérdida de bosques en el norte del país durante 2024 fue superior a la del año anterior (134.700 hectáreas, según datos oficiales). 

El especialista indicó que la deforestación aumentó un 10% en 2024 comparado con el año anterior. Además, advirtió que los fondos de la Ley de Bosques están atrasados, trabajando con el presupuesto pensado en números del 2022. Sin las partidas necesarias, "se atenta contra la capacidad de las provincias para realizar un buen control de la explotación ilegal", explicó Giardini.

Muchas provincias dependen de los fondos de la Ley de Bosques para el pago de sueldos de las direcciones de bosques, los camionetas de trabajo, los sobrevuelos, las imágenes y todo el trabajo de monitoreo. "La perspectiva en ese sentido es mala porque, además, el gobierno de Milei quitó el fideicomiso que aseguraba que los fondos de la Ley de Bosques no puedan ser utilizados para otra cosa. Es preocupante qué pueda pasar el próximo año con un aumento aún mayor de la deforestación", expresó Giardini.

"El problema que tenemos hoy en cuanto a la ley es que los empresarios suelen desforestar y las multas son realmente irrisorias. Desforestan, pagan la multa y siguen con su plan. Lo incorporan a veces como parte del costo de producción porque es muy poco. Cuando son muy altas, en general, las judicializan y no las pagan. Pero lo que nunca pasa es recuperar el bosque. Con lo cual, con o sin multa, el bosque no se recupera porque no hay una decisión política de la provincia que obligue a esos dueños de los campos a recuperarlos. En general los que compran son de la región pampeana: consiguen tierras baratas en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, y desmontan. Muchas veces generando conflictos con las comunidades", contó Giardini.

Esta es una problemática grande: "Argentina está en los 20 países que más desforestan a nivel global. La deforestación es el segundo tema que los científicos están planteando detener con urgencia. El primero es modificar las matrices energéticas, la forma de producción y de transportarnos", aclaró el ambientalista.

Limpian de bosques a Chaco

Todo el desmonte hecho en Chaco, donde se perdieron 39.182 hectáreas, fue ilegal porque, al no actualizarse el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos --que debe hacerse con participación ciudadana cada 5 años--, la justicia provincial los había suspendido.

En Santiago del Estero, más del 80 por ciento de los desmontes fueron ilegales, ya que se realizaron en bosques donde no está permitido según el Ordenamiento de la Ley de Bosques. En esta provincia, la organización ambientalista denunció a la familia Canido, dueños de la empresa Manaos, por haber desmontado 10 mil hectáreas el año pasado para ganadería.

Este uso corresponde con un patrón general, según el especialista. "Los últimos 30 años la pérdida de bosque en el Norte se dio por ganadería y por soja. Cuando se deforesta, en algunos casos se detecta que va a ser para ganadería porque dejan algunos árboles en pie: dejan entre 20 y 50, como en una plaza. Seguramente ahí van a poner pasturas y va a ser para ganadería. Y la soja es por lo histórico. Se va viendo el crecimiento de la ganadería y la soja en las zonas desmontadas"

En ambos casos, Greenpace considera que el accionar de funcionarios públicos no fue el correcto. "En el caso de Chaco miran para otro lado y en el Santiago autorizan a desmontar donde la ley claramente no lo permite. En ese sentido, ahí queda claro que la deforestación está aumentando con cierta complicidad por acción o por omisión, por no controlar deliberadamente o por autorizar irregularmente", puntualizó Giardini.

"Argentina ha firmado un compromiso con otros países de deforestación cero para el año 2030 que ya no queda tan lejos y deberíamos ir hacia un camino de prohibición de la deforestación. Si no incorporamos el delito penal va a ser muy difícil que se cumpla", sospecha Giardini, aunque advirte que "el texto de la ley debería ser muy preciso con cada una de las responsabilidades". Y aclaró que el objetivo "no es caerle al maquinista de la topadora, sino fundamentalmente a quien encargó el trabajo, al empresario que encargó desforestar. Lo mismo podría incorporarse para aquel funcionario que autorizara algo que la ley provincial o nacional no permiten". Con una ley, podrían existir "fiscalías ambientales" en la justicia que se dediquen a investigar los "crímenes ambientales", como la deforestación y los incendios.

En cuanto a las áreas incendiadas en 2024 en estas cuatro provincias, fueron afectadas 29.763 hectáreas. La gran mayoría fueron en Formosa: el fuego del Parque Nacional Río Pilcomayo consumió mucho terreno. Le siguen Salta con 3.591 hectáreas, Chaco con 2.536 y Santiago del Estero con 1.790. Si bien la ley plantea una reforestación, las estadísticas prueban que queda en letra muerta.

Informe: Natalia Rótolo.