España: Pedro Sánchez denunció al juez que investiga a Begoña Gómez

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se amparó este martes en su derecho a no testificar contra su esposa Begoña Gómez ante el juez que la investiga, al tiempo que presentó una denuncia en la que acusa al magistrado de posibles hechos delictivos en su causa.

En medio de una gran expectación, el juez Juan Carlos Peinado se desplazó hasta el palacio de la Moncloa, la residencia presidencial, para tomar declaración al líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero al final la audiencia duró tan solo unos escasos minutos.

Sánchez, citado como testigo del posible tráfico de influencias en la investigación a la primera dama, también sospechosa de corrupción en los negocios, se negó a testificar, tal y como se lo permite la ley que exime a una persona a declarar contra su cónyuge. Ya Gómez, especialista en captar fondos para fundaciones y ONG, hizo uso de su derecho a no declarar cuando acudió al tribunal el pasado 19 de julio.

Querella contra el juez

Poco después de la visita del juez, Sánchez, que defiende la inocencia de su esposa y enmarca este asunto dentro de una campaña de la derecha y la extrema derecha contra su Gobierno, presentó una querella contra el magistrado por presunta prevaricación (dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley).

En la querella, redactada en su nombre por la Abogacía del Estado, Sánchez critica, entre otras cosas, que el juez Peinado le haya pedido declarar en persona y no por escrito, algo que solicitó sin éxito al entender que la ley le permitía hacer en tanto que presidente del Gobierno. "Hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada este martes contraviene la normativa y despoja a la Presidencia del Ejecutivo de las garantías que le ofrece la ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882 y sin explicación alternativa", detalló.

La denuncia contra el magistrado no es un ataque frente al poder judicial, según el documento. "Al contrario, es expresión en la confianza en el poder judicial, al entender que es el adecuado para resolver un abuso, en este caso judicial y atribuible a uno de los más de 5000 jueces que ejercen su función en España", subrayó.

Para justificar la manera de citar a Sánchez, Peinado señaló que lo hacía no en su condición de presidente del Gobierno, sino como esposo de la investigada, de ahí que debía testificar de forma presencial. "No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación (...) es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada", sostuvo la querella.

La causa

Esta fue tan solo la segunda ocasión en que un jefe del Ejecutivo español en el cargo fue citado a declarar ante un magistrado, luego de que lo hiciera en 2017 el conservador Mariano Rajoy, en un juicio por la financiación irregular del Partido Popular (PP). Buscando mostrar normalidad, Sánchez mantuvo su agenda este martes: dirigió un Consejo de Ministros por la mañana y en la tarde se reunió con el rey Felipe VI en la isla balear de Mallorca.

Licenciada en marketing y con un máster en gestión, Gómez es señalada de haber aprovechado el cargo de su marido en sus relaciones profesionales, en particular con Juan Carlos Barrabés, un empresario español que obtuvo ayudas públicas y que también es investigado. Barrabés admitió ante el juez haberse reunido con Gómez en varias ocasiones en la Moncloa, dos de ellas en presencia de Sánchez, pero afirmó que esos últimos encuentros trataban sobre innovación.

Peinado, quien abrió la causa ante una denuncia de un colectivo cercano a la extrema derecha, Manos Limpias, continuó con la investigación pese a dos informes de la Guardia Civil que no hallaron irregularidades y contra la opinión de la Fiscalía, que pidió el archivo del expediente.

Discusión política

La batalla judicial que involucra a Sánchez profundizó la confrontación entre izquierda y derecha en España. Para el Gobierno socialista, la querella pretende defender la dignidad de una institución tan importante como es la Presidencia del Gobierno, según indicó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en una conferencia de prensa. "Se trata de que esto no vuelva a suceder nunca más a ninguna persona, independientemente de la ideología política que tenga quien ocupe la Presidencia del Gobierno de España", agregó.

Por el contrario, el líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, advirtió a Sánchez en una publicación en la red social X de que, pese a su silencio ante el juez, "responderá ante los españoles por tantas injusticias". El presidente del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, fue más allá y acusó al mandatario socialista de iniciar una cacería contra los jueces.

Cuando se conoció la causa a finales de abril, Sánchez anunció sorpresivamente que estaba considerando renunciar, mientras que la oposición aprovechó la situación para echar leña al fuego y profundizar sus críticas hacia él. Miles de militantes de agrupaciones socialistas de toda España se congregaron en los alrededores de la sede central del PSOE en Madrid, para demostrar su apoyo al presidente, quien tras cinco días de reflexión, decidió mantenerse en la Moncloa.