La Justicia de Nueva York, en los Estados Unidos, falló este lunes a favor de los fondos buitres al obligar a la República Argentina a entregar el 51% de sus acciones a los demandantes, incluida la firma Burford Capital, como compensación por presuntas irregularidades en el proceso de estatización de YPF, que fue en 2012.
Según entendió la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la República Argentina debería entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos que son propietarios del litigio en la justicia de Estados Unidos porque no cumplió con el fallo de 2023 en el que fue condenada a pagar U$S 16.100 millones.
Ante la falta de pago de la indemnización pretendida por los fondos buitres, en abril de 2024 los demandantes le solicitaron a la jueza Preska que Argentina les "devuelva" el 51% de YPF, aunque nunca fue de su propiedad.
En el fallo de Preska se ordena a la Argentina "transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden", luego BNYM deberá transferirlas "a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta".
El país todavía podría apelar a ese fallo para "comprar" tiempo, pero mientras tanto se registró una caída de al menos un 6% en la cotización de las acciones de YPF en la bolsa de Wall Street, en Nueva York.
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Cómo llegó la estatización de YPF a la justicia de Nueva York
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) estaba en manos de la petrolera española Repsol en 2008, cuando Petersen Energía -una sociedad conformada en España- recibió un préstamo de US$ 1.018 millones de un grupo de bancos integrado por Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa para comprarla.
A ese préstamos se le sumó otro, de U$S 1.015 millones, de Repsol para adquirir 14.9% de YPF.
Para pagarlo, Repsol le permitió que fuera usando las propias utilidades de YPF.
Luego en 2011 Petersen tomó otros US$ 670 millones de un consorcio formado por Banco Itaú, Standard Bank, Credit Suisse y Citi, y una suma igual de Repsol para adquirir otro 10% de la petrolera.
En todos los casos, los créditos se pagarían con las utilidades generadas por YPF, pero en 2012 la entonces presidenta Cristina Kirchner resolvió estatizar la empresa, por lo que los bancos declararon el "default" sobre el pago del préstamo.
Los dueños del Grupo Petersen -es decir, la familia Eskenazi- ya habían pagado casi la totalidad del primer crédito y parte del segundo, pero debido al formato del contrato los bancos se quedarían con la totalidad de su tenencia accionaria.
A modo de estrategia, el Grupo Petersen Energía pidió la quiebra en España, y le vendió al fondo Burford Capital los derechos para litigar (es decir, para ir a reclamar la deuda ante la justicia de Nueva York), a cambio del pago de 15 millones de euros.
El liquidador español de la quiebra aceptó, pero a cambio se reservó el 30% de lo que reciba Burford como compensación.
En círculos políticos y empresariales circula una antigua versión, nunca confirmada, de que la familia Eskenazi, dueña de Petersen Energía, podría recibir dinero de esa compensación, pero voceros de la compañía lo niegan en forma tajante.