La municipalidad está en la mira

Mientras las pericias técnicas sobre la zona tapiada y ya casi libre de escombros en Villa Gesell continúan para vislumbrar las causas del derrumbe que acabó con la vida de nueve personas, los concejales opositores al gobierno municipal acaban de abrir un frente que de momento no aparecía como la hipótesis central de la fiscal Verónica Zamboni que lleva adelante la causa caratulada como estrago culposo agravado y con 14 personas imputadas. Se trata de la supuesta inacción de la Municipalidad de Villa Gesell en su rol de controlador de este tipo de obras. Eso también incluye el poder de policía que esta tiene para volver eficaz un pedido de paralización de tareas como el que la Dirección de Inspección de Edificios Privados y Espacios Públicos hizo el 20 de agosto cuando sus funcionarios vieron volquetes con escombros en la puerta del Dubrovnik y entonces enviaron una carta de detención de las obras que fue recibida por uno de los contratistas, aunque en apariencia sin lograr el cumplimiento de la misma.

Esta teoría planteada por los ediles radicales del Concejo Deliberante geselino fue desarrollada en un comunicado titulado “Barrera, juez y parte”, en alusión al Intendente que gobierna el distrito desde 2014. La mención tiene que ver con una acusación concreta: desde el Juzgado de Faltas que pertenece al propio Municipio le aseguraron a los legisladores que “la administración Barrera no le trasladó ninguna actuación en relación a las supuestas clausuras en el malogrado Hotel Dubrovnik”.

Las posibles irregularidades

Los concejales Amadeo Montenegro, Diego Piacentini y Eugenia Grinspun plantean lo que consideran una irregularidad: “la actuación del Intente como juez administrativo, cuando en Villa Gesell el HCD creó por Ordenanza el Juzgado de Faltas hace 24 años”. Según la documentación que los ediles hicieron pública, “la jueza Marta Dolores Pérez señaló que a la repartición a su cargo no ha ingresado actas de infracción relacionadas con obras del apart hotel”.

Este pedido de documentación realizado por los legisladores de la oposición al tribunal en cuestión se complementa con otra solicitud más sensible y hasta ese momento demorada: el informe sobre las actuaciones de la Municipalidad en las últimas obras del Dubrovnik que esta misma envió a la Fiscalía 6 de Villa Gesell que lleva adelante la causa por el derrumbe.

Para hacerse de ese material, el bloque opositor había pedido esto en la sesión del lunes 4 de noviembre, cuando aún se estaban realizando las tareas de rescate en búsqueda de las personas que habían quedado atrapadas dentro del apart hotel al momento del colapso que conmovió a todo el país. En aquella ocasión los concejales que responden a Gustavo Barrera acompañaron la solicitud pero con la estrategia de derivarlo primeramente a la Comisión de Obras, Servicios y Transporte Público, lo que en los hechos suponía una demora administrativa.

La documentación

La dinámica, sin embargo, se modificó en la sesión de este lunes por la noche, donde la oposición compartió la documentación solicitada al Juzgado de Faltas y volvió a mocionar el pedido de informes del Municipio que permitiría conocer de manera pública las actuaciones de la administración Barrera en relación a las distintas obras que se estaban realizando simultáneamente en el Dubrovnik. Esto se supone clave para comprender en profundidad en qué condiciones se estaban desarrollando tareas edilicias que no quedan del todo claro si contaban con la habilitación municipal correspondiente.

La votación por la afirmativa de este pedido conmina ahora al intendente a remitir ese legajo que a su vez forma parte de la causa llevada adelante por Verónica Zamboni. En el expediente aparecen también las declaraciones de tres albañiles y tres contratistas que estaban trabajando al menos desde julio en distintos sectores del Dubrovnik, entre ellos la torre central de diez pisos que se vino abajo, pero también la construcción de tres niveles que sigue en pie y está vinculada a aquella por una plataforma común que funge como techo del extenso subsuelo donde estaban ubicadas las cocheras. Consultados todos ellos por la fiscalía acerca de si en ese período habían advertido la presencia de funcionarios o enviados municipales realizando inspecciones sobre las obras, la respuesta unánime fue que “no”.

Entre los catorce imputados aparecen esos cinco declarantes, también tres arquitectos, dos miembros de una empresa de ascensores y cuatro integrantes de Parada Liniers, la empresa que había comprado el Dubrovnik en abril último.