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El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el primer funcionario de Casa Rosada en expresar su rechazo a la flamante ley de movilidad jubilatoria, que aplica un nuevo cálculo para las jubilaciones.
"El equilibrio fiscal es absolutamente innegociable. Fin", sentenció el vocero del Gobierno a través de X en clara referencia al impacto económico que tendrá la aplicación de la nueva fórmula para calcular las jubilaciones de miles de personas.
La declaración del vocero, aunque escueta, podría ser entendida como un anticipo del veto que ya anunció el presidente Javier Milei, que se mostró absolutamente en contra de cargar al Estado con el pago de jubilaciones que partían desde los $ 285 mil en el mes de junio de 2024.
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Mientras tanto, Diputados rechazó esta semana la aprobación de un presupuesto de $ 100.000 millones para el financiamiento del Servicio de Inteligencia del Estado, que era algo en lo que sí quería gastar el Gobierno.
De acuerdo con la fórmula de movilidad jubilatoria recién convertida en ley, la jubilación mínima quedaría en 285 mil pesos en el mes de junio, según calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Al ajuste mensual por IPC (inflación medida por el INDEC) se sumaría además un aumento anual adicional: en marzo de cada año se establecería un cálculo por el cual se reconocería un aumento del 50% de la variación del RIPTE (variación salarial) por sobre la variación del IPC el año calendario anterior.
El oficialismo, en cambio, había firmado un dictamen en comisión de Diputados por el cual se reproducía lo dispuesto en el decreto 274/24 del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, ajuste mensual por IPC con impacto a los dos meses y compensación del 12,5%. Con esta fórmula, la jubilación mínima será de 265 mil pesos en junio.
Ese dictamen nunca llegó al Senado.
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