Orientales: la patria o la tumba

Las elecciones en la República Oriental del Uruguay están atravesadas por dos dimensiones articuladas: las regionales y las domésticas. Entre estas últimas, se destaca el plebiscito sobre la seguridad social impulsado por el PIT-CNT, la central de los trabajadores, que logró reunir 430 mil firmas a pesar de no contar con el apoyo explícito de ninguno de los candidatos presidenciales. Las encuestas sugieren que la consulta, impulsada por el PIT-CNT, podría obtener más votos afirmativos, incluso, que el candidato mejor posicionado.

En lo que remite a la configuración regional, sobre todo en relación con el Mercosur y el vínculo con sus socios históricos más cercanos, Brasil y Argentina, el probable triunfo del Frente Amplio (FA) sería interpretado por el gobierno brasileño como un dato halagüeño, mientras que supondría una noticia lúgubre para Javier Milei, quien coquetea con los millonarios radicados en Punta del Este.

La segunda dimensión se relaciona con la continuidad del gobierno neoliberal de Luis Lacalle Pou –uno de los mandatarios más blindados por los entornos mediáticos del continente– o el retorno al andarivel progresista. Este último escenario, dejaría a Paraguay, Perú y Ecuador como únicos socios en la sumisión automática a los designios de Washington. Desde una perspectiva doméstica, el enfrentamiento es entre la profundización de las de la concesión a los mercados financieros –a costa del empobrecimiento popular– o la recuperación del papel del Estado en la economía, para garantizar niveles mínimos de equidad y protección social.

Los debates preelectorales se articularon alrededor de la pobreza, la seguridad social, la violencia y la corrupción. El actual gobierno del Partido Blanco ha profundizado la desigualdad social e incrementado la pobreza respecto a los gobiernos anteriores, tanto de Tabaré Vázquez como de José “Pepe” Mujica. Los orientales, además, sufren el aumento de la inseguridad con tasas de homicidio que duplican las tasas argentinas, alcanzando los 10,7 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Los hechos de corrupción ligados al actual gobierno han sido invisibilizados de forma sistemática por los medios de comunicación corporativos. El slogan principal del Frente Amplio es precisamente Que gobierne la honestidad, en directa referencia al espionaje ilegal organizado por el presidente Lacalle Pou contra a su exesposa, la utilización de la seguridad del Estado para perseguir al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, la operación para darle cobertura y pasaportes a narcotraficantes, e inutilizar los escáner del Puerto de Montevideo para consentir contrabandos de granos, subfacturaciones y permitir el tráfico de estupefacientes procedentes de los puertos mesopotámicos.

El día de las elecciones se votan dos plebiscitos. El que autoriza al Estado para realizar allanamientos nocturnos, modificando el artículo 11 de la Constitución, y el que se relaciona con la seguridad social, que busca sustituir el artículo 67 de la Constitución de la República proponiendo eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), un símil de lo que fueron las (saqueadoras) AFJP en Argentina, hasta que el kirchnerismo las eliminó en 2008.

La propuesta de los trabajadores organizados pretende retrotraer la edad jubilatoria a los 60 años y determinar que la jubilación mínima alcance un monto equivalente al salario mínimo nacional, suma que implicaría un aumento inmediato del 20 por ciento. Solo una parte del Frente Amplio aceptó acompañar a la central sindical: el Partido comunista, el Partido Socialista y el Partido para la Victoria del Pueblo (PVP). El resto –incluso el postulante a la presidencia del FA Yamandú Orsi–, decidieron eludir la responsabilidad de acompañar al PIT-CNT.

La desesperación de la derecha llevó al propio Luis Lacalle Pou a expedirse sobre el plebiscito de la seguridad social, pese a que tiene prohibido, por normativa constitucional, participar del debate electoral: “Lo que se propone es muy peligroso y dañino”, advirtió en tono extorsivo. “Si se aprueba”, subrayó, “va a haber que aumentar impuestos y va a haber que recortar prestaciones importantes en el Estado”. Obviamente que no se refería a incrementar los tributos a las grandes fortunas –como al empresario Marcos Galperin–, fugado a Maldonado para reducir sus aportes en su país de origen.

El último 16 de octubre, en el marco de una movilización organizada por el PIT-CNT, la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Nathalie Barbe, le respondió al presidente: “Que no nos mientan más. Aumentan la edad jubilatoria porque vivimos en un sistema capitalista y mercantil que quiere aprovecharse al máximo de nosotros (…), Y les decimos a los del centro, de la derecha y de la pseudo izquierda que, si no saben gobernar en este país, recortando el privilegio de unos pocos, (…) que se dediquen a otra cosa”.