Perú: pasado a retiro por investigar a Boluarte

Desde Lima

 La presidenta Dina Boluarte ha consumado su venganza contra el coronel que dirigió el equipo policial que investigó la corrupción que la compromete a ella y a su hermano, y que en marzo pasado encabezó el allanamiento a su casa. Después de meses de acciones de represalia, el gobierno ha pasado al retiro al coronel de la Policía Nacional Harvey Colchado. También al coronel Walter Lozano, personaje clave en el equipo policial que encabezaba Colchado en la investigación a la presidenta y su entorno. En ambos casos, aprovechando los cambios que se dan a fin de año, el cuestionado ministro del Interior, Juan José Santiváñez, alega una “renovación de cuadros” como razón del pase al retiro, explicación que ha estado muy lejos de convencer. Más bien, deshacerse de dos oficiales de la policía incómodos al gobierno por sus investigaciones de la corrupción y que no cedieron a las presiones de Palacio de Gobierno para boicotear esas investigaciones, saltan como las razones ocultas, pero evidentes, de esta decisión.

En abril pasado, poco después del allanamiento a la casa de la presidenta, Colchado fue suspendido de su cargo de jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), equipo policial que realizaba las investigaciones operativas dispuestas por la Fiscalía encargada de investigar la corrupción en los altos niveles del poder político. Esta Fiscalía solicitó el allanamiento a la casa de la presidenta, que un juez ordenó y el coronel Colchado ejecutó. Semanas después de la suspensión de Colchado, la Diviac fue desactivada por el gobierno.

Las  investigaciones

El coronel Colchado y su equipo han participado, dando un apoyo fundamental a la labor de la Fiscalía, en las investigaciones a la presidenta en el caso de sus relojes Rolex y otras lujosas joyas, causa por la que se allanó su vivienda, y al hermano de Boluarte, Nicanor, acusado de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho por el nombramiento de funcionarios públicos a cambio de pagos y por utilizar a esos funcionarios y recursos estatales para recolectar firmas para inscribir un partido político. Nicanor Boluarte está prófugo desde noviembre con una orden de prisión preventiva de tres años.

Boluarte también es investigada por ingresos no justificados, por obstrucción a la justicia, entre otros cargos, y ha sido acusada por la Fiscalía ante el Congreso por la muerte de 49 personas en la represión a las protestas contra su gobierno entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. En total son ocho investigaciones fiscales a una mandataria muy desacreditada, con apenas tres por ciento de aprobación ciudadana. En estos días ha estallado un nuevo escándalo de corrupción en el gobierno: la entrega de alimentos no aptos para consumo humano a los escolares. Una coalición de derecha y ultraderecha encabezada por el fujimorismo que controla el Congreso protege a Boluarte de estas acusaciones.

La venganza

Los abogados de Colchado, Miguel Pérez y Luciano López, calificaron el pase al retiro del coronel como una decisión política arbitraria. Anunciaron que apelarán el pase al retiro. Sin embargo, admitieron que esa apelación no tiene posibilidades de éxito, pero aclararon que deben agotar esa vía administrativa para luego demandar la reposición de Colchado ante el Poder Judicial. Antes de su pase al retiro, el coronel, consciente de lo que se venía, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para no ser dado de baja de su institución, lo que, advirtió en ese pedido, ocurriría “en venganza” por su participación en investigaciones fiscales “de la alta corrupción en el poder”. La CIDH todavía no se ha pronunciado. Sus abogados señalaron que Cochado estaba indignado, pero no sorprendido con su pase al retiro.

En un comunicado que hizo público al conocerse que había sido dado de baja, el coronel Colchado ratificó una denuncia hecha hace meses: que el entonces abogado de Boluarte había intentado sobornarlos, a él y al coronel Lozano, ofreciéndoles ascenderlos al grado de general o darles una agregaduría en el extranjero “a cambio de no investigar al poder de turno, y como no aceptamos nos pasan al retiro”.

Poco después del allanamiento a la casa de Boluarte, su abogado en ese momento, Mateo Castañeda, ahora en prisión preventiva procesado por obstrucción a la justicia, contactó a Colchado. El coronel avisó a los fiscales y con autorización fiscal grabó en secreto la ilegal propuesta que le hizo el abogado de la presidenta. Castañeda, hablando en nombre de Boluarte, le pidió que desde dentro de la investigación opera para obstruirla, que le informe de todo lo que la Fiscalía tenía y los pasos que daría, y que obtenga información que se pueda usar en contra del Fiscal de la Nación que había abierto la investigación a la jefa de Estado. El audio de ese diálogo revela que el abogado le advirtió que si no aceptaba esa oferta sería pasado a retiro a fin de año. La amenaza se concretó. Esta grabación ha sido clave para que en noviembre pasado se ordene la prisión preventiva de Castañeda por obstrucción a la justicia. El coronel Lozano recibió la misma propuesta del abogado de la presidenta, que también rechazó.

"Valores y principios"

No solo el gobierno de Boluarte celebra la caída de este policía que se hizo famoso por su participación central en la investigación de los casos más sonados de corrupción política. Colchado también tuvo un rol importante en la investigación de los sobornos pagados en el Perú por la constructora brasileña Odebrecht, que involucra a varios expresidentes, y de una mafia judicial ligada al fujimorismo, entre otros casos. Encabezó el equipo policial que en 2018 detuvo a Keiko Fujimori cuando se ordenó su prisión preventiva en el proceso de lavado en su contra por los aportes ilegales de millones de dólares a sus campañas electorales; también estuvo en el operativo de detención del expresidente Alan García en 2019, quien se suicidó en su casa antes de ser arrestado, entre otros episodios fundamentales relacionados a la corrupción política.

Colchado señaló en el comunicado que difundió luego de su pase al retiro, que “meterse con la corrupción” en casos que involucran a poderosos políticos “me generó odios de por vida de muchas tiendas políticas”.

“Los buenos policías con valores y principios no agachamos la cabeza ante nadie, menos ante un poder político corrupto”, señaló Colchado, en respuesta al gobierno por su pase al retiro. Finalizó su mensaje escribiendo: “Compañeros policías, incurrir en el pecado del silencio hace cobardes a los hombres”.