Quieren restituir la oficina que investigaba la desaparición de niños durante la dictadura

Esta semana, el Gobierno Nacional disolvió el organismo especial dedicado a la investigación de la desaparición de niños por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar, que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).

El Ejecutivo lo hizo a través del decreto 727/2024, que derogó otro decreto del 9 de junio de 2004, mediante el cual se creaba la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencia del Accionar del Terrorismo de Estado, en el ámbito de la Conadi.

Ahora, el senador Wado de Pedro anunció que desde el bloque de Unión por la Patria (UxP) en la cámara alta “vamos a presentar un proyecto de ley elaborado junto a Abuelas de Plaza de Mayo para restituir esta oficina”.

Para el legislador, la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños “nació como parte del consenso democrático de todas las fuerzas políticas y cuyo trabajo es imprescindible en la búsqueda de la Verdad”.

Tras advertir que “todavía hay más de 300 nietos que no conocen su identidad y familias que los buscan”, De Pedro informó que “vamos a presentar un proyecto de ley elaborado junto a Abuelas de Plaza de Mayo para restituir esta oficina”.

Por qué el Gobierno disolvió la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños durante la dictadura

Entre los argumentos oficiales para la disolución del organismo creado en 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el decreto 727/2024 menciona que “no tiene sustento constitucional que un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional lleve a cabo medidas y tenga prerrogativas de índole jurisdiccional o que correspondan al Ministerio Público Fiscal”.

En los considerandos del decreto firmado por el ministro Mariano Cúneo Libarona, se señala que si bien “resulta esencial la investigación judicial de los hechos” para conocer en qué circunstancias ocurrieron y esclarecer la verdad a las familias de las víctimas, así como el castigo de los responsables, corresponde al Ministerio Público Fiscal llevar adelante dicha investigación y orientar al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial.

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