Reclamo por el Riachuelo a la CIDH

El conflicto por el cierre de la Causa Mendoza por el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo sigue escalando y ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las entidades y organizaciones que intervenían en la causa denunciaron formalmente al Estado argentino ante la Comisión, luego de que el año pasado la Corte Suprema decidiera cerrar de forma intempestiva su intervención en el proceso judicial que comenzó en 2008 con el histórico fallo que ordenó sanear la cuenca y relocalizar a las familias de los barrios populares de la zona. Las organizaciones advierten, entre otros puntos, que todavía no se completó ni el 50 por ciento del total de esas soluciones habitacionales, ni se terminó la construcción del Sistema Riachuelo, obra clave para los servicios de agua y cloacas de la zona. Todo, además, en el marco del desfinanciamiento de Acumar.

La denuncia fue presentada en conjunto por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño, el CELS, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, la Asociación Vecinos de la Boca y la Fundación T.E.M.A.S. Se trata de organizaciones que conformaban el Cuerpo Colegiado que se constituyó tras el fallo para dar seguimiento a los trabajos y que ahora acuden a la CIDH para denunciar al Estado argentino por la "violación de los derechos de los vecinos afectados por la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo".

En la presentación ante la entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) se piden medidas cautelares para que el Estado tome acciones con el fin de "proteger de inmediato la salud de los habitantes de la cuenca" y que "se continúen las medidas ordenadas en la sentencia de 2008 para mejorar la calidad de vida". Marcela Millán, defensora general de la Ciudad, aseguró a este diario que también se solicitó a la Comisión que "visite la Cuenca, que recomiende medidas urgentes y, de persistir el incumplimiento, eleve el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

La defensora advirtió que el cierre del seguimiento de la causa "implica un grave retroceso en la protección de los derechos socio ambientales de las personas de la Cuenca y en la ejecución de la sentencia ambiental más importante en la historia judicial de Argentina, de esta manera el Estado argentino incumple sus obligaciones internacionales de protección de derechos humanos". Además, sostuvo que la decisión de la Corte se tomó "a pesar del grave incumplimiento de los compromisos de saneamiento y relocalización de las familias".

Las organizaciones presentaron también un diagnóstico sobre la situación actual de los trabajos en la cuenca que comenzaron tras el histórico fallo de la Corte que ordenó a los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, así como al Estado Nacional a través de Acumar, que reparen los daños ocasionados por la contaminación a las familias que viven a la vera del Riachuelo. El comunicado indica que hasta octubre del año pasado, cuando la Corte decidió de un día para el otro cerrar su intervención en la causa, la propia Acumar reconocía que la ejecución de las soluciones habitacionales alcanzaba sólo al 42 por ciento del total de familias afectadas.

"Hoy resta brindar soluciones habitacionales a más de 700 familias de la Villa 21-24, 150 del barrio Lamadrid y un número indeterminado de los barrios Magaldi, Luján y El Pueblito", advierten las organizaciones, que agregan que "al día de hoy no hay proyecto ni obras encaminadas para la urbanización de los barrios afectados por la sentencia Mendoza".

En cuanto al Sistema Riachuelo, al que califican como una obra "imprescindible no solo para brindar adecuado servicio de agua y cloacas, sino para tratar los residuos orgánicos que hoy contaminan el Riachuelo", recuerdan que los trabajos no terminaron, por lo que "tampoco se cumple con los parámetros de calidad de agua establecidos por la propia Acumar y la cobertura de la red cloacal es de apenas el 56 por ciento". Esa obra está a cargo de Aysa, y aunque tiene un financiamiento millonario del Banco Mundial, está frenada en la gestión de Javier Milei.

En este sentido, en la presentación también se denunciaron "las últimas medidas que desfinancian a los organismos encargados de llevar adelante las políticas necesarias", entre las que se cuentan no sólo Aysa y Acumar sino también la Secretaría de Vivienda del Gobierno Nacional y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Desde el MPD agregan que no existe un presupuesto asignado para obras en el Riachuelo durante 2025, "en tanto únicamente se ha prorrogado el presupuesto asignado desde 2023 sin modificar el monto por la inflación". "Además, desde la entrada de la nueva gestión de Nación en diciembre de 2023, ha habido un vaciamiento de recursos y de funcionarios en Acumar. En marzo de 2025 fueron despedidos más de 300 empleados", recuerdan.

Sostienen así que la decisión de la Corte "implica la finalización del proceso de supervisión institucional de control y de rendición de cuentas presupuestario al caso ambiental más importante en la historia de Argentina". "Ahora Acumar es el único ente encargado de continuar las tareas, sin tener un ente de control o supervisión. Esta decisión significa la pérdida de un recurso judicial que se había diseñado para dar una respuesta a las violaciones a los derechos de todas aquellas personas que viven en la Cuenca y, en definitiva, un retroceso que ya tiene y tendrá consecuencias para esa población", concluyen.