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La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este martes revocar la falta de mérito que había sido dictada en beneficio del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en una causa por corrupción en operaciones financieras cometidas cuando era secretario de Luis Caputo, durante el gobierno Mauricio Macri.
El desempeño de Santiago Bausili en el mandato de Mauricio Macri podría jugarle en contra durante su paso por el de Javier Milei, ya que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de la fiscalía para que se revise el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que lo había desvinculado del escándalo.
El fiscal en cuestión es Federico Delgado, quien logró que el juez federal Sebastián Casanello procesara dos veces a Santiago Bausili tras constatar que cuando era secretario de Finanzas de Luis Caputo estuvo al mando de gestiones oficiales para colocar la deuda pública de las entidades bancarias.
Debido a esas colocaciones el Estado nacional percibió un incremento récord de su deuda, que ascendió a los U$S 100.000 millones.
Entre las gestiones indebidas estarían las reuniones privadas que Bausili habría mantenido con sus compañeros de ministerio para hablar esos temas.
Duro revés judicial para Santiago Bausili en una causa por corrupción financiera
Lo que se intenta probar ante la Justicia es que "mejor equipo de los últimos 50 años", que fue como Mauricio Macri bautizó a sus funcionarios, estaba llego de exdirectivos de bancos, entidades financieras y empresas privadas, y en el caso de Bausili esto se podría haber traducido en un conflicto de intereses.
Bausili fue directivo del Deutsche Bank, uno de los bancos beneficiados por la maniobra que él mismo gestionó durante su labor en el gobierno de Macri. La firma habría actuado como intermediaria financiera, con las considerables comisiones correspondientes.
Ese tipo de gestiones por parte de un funcionario está prohibida en el artículo 13 de la Ley 25.188, que regula la ética en el ejercicio de la función pública y estipula que no puede "dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades".
Además, en el artículo 265 del Código Penal se prevén penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua al funcionario público que "directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".
Santiago Bausili, de nuevo en la mira de la Justicia, podría también ser multado por un valor de dos a cinco veces del beneficio indebido.
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