Violencia de género: la defensa de Alberto Fernández quiere apartar al fiscal que investiga

La defensa de Alberto Fernández pidió este jueves apartar al fiscal federal Ramiro González de la causa en la que se investiga al expresidente por supuesta violencia de género hacia quien fuera su pareja, Fabiola Yañez.

Según trascendió, los abogados del exmandatario formalizaron el pedido por la "absoluta pérdida de confianza" y "afectación a los principios de objetividad, legalidad y oficialidad" de la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

La presentación fue hecha por la abogada Silvina Carreira, un día después de que España cerrara el trámite para realizar una pericia al celular de Yañez porque la ex primera dama faltó a dos citaciones.

Yáñez, como se sabe, no se presentó ni martes ni miércoles ante la Justicia española para entregar su teléfono celular, lo que terminó por romper el acuerdo que había establecido con el Juzgado argentino que investiga la denuncia por presunta violencia de género.

Ello motivó que el fiscal requiriera nuevas medidas de prueba vinculadas a teléfonos de otros allegados a la pareja presidencial.

Falta de “la responsabilidad que se requiere”, argumentó la defensa de Fernández

Para la defensa de Alberto Fernández, “la investigación no se ha llevado adelante con la responsabilidad que ello requiere”, según se desprende del escrito presentado ante juez federal Julián Ercolini, que deberá resolver el planteo.

La abogada aludió a una "relación asimétrica" entre la defensa y la acusación y afirmó que sintió "menoscabo y menosprecio" hacia su actividad como defensora, por lo que solicitó el apartamiento del fiscal González.

La pericia en España al celular de Fabiola

Aunque la defensa de Alberto Fernández argumentaba que la pericia al teléfono celular de Fabiola Yáñez debía llevarse a cabo en la Argentina, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah avalaron la realización de la medida en España y advirtieron que "ninguno de los argumentos de la defensa revela un gravamen irreparable" ni arbitrariedad.

"La información se descargará de un teléfono que no está secuestrado por la Justicia, sino en poder de la víctima desde el momento de los presuntos hechos relevantes hasta hoy", por lo cual "la obligación de asegurar la inalterabilidad de los datos es operativa desde que se toma conocimiento de aquellos y se los tiene a disposición", agregaba esa resolución.

Finalmente, la ex primera dama no se presentó ante la Justicia española para entregar su teléfono y se cayó el acuerdo que había establecido con el Juzgado argentino para realizar el peritaje.

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