Fuerte crítica de la ONU al gobierno de Milei por los retrocesos en los derechos de la niñez

El Gobierno de Javier Milei recibió fuertes críticas por sus (no) políticas de niñez. Se las hizo este jueves el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en sus recomendaciones finales al Estado argentino, luego de la evaluación periódica al país. En un documento de 17 páginas expresó “serias preocupaciones” por el aumento de la pobreza infantil, la desjerarquización de la Secretaría Nacional de la Infancia, la Juventud y la Familia, la disminución drástica en presupuestos de salud, educación y niñez, el cierre del INADI y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la eliminación del Plan ENIA para prevenir embarazos no intencionales en adolescentes, y por los proyectos de ley enviados al Congreso que buscan bajar la edad de responsabilidad penal a los 13 años, entre otras medidas dispuestas por la gestión libertaria. El organismo también señaló su preocupación por “el uso excesivo de la fuerza” en las protestas públicas con presencia de personas menores de 18 años y pidió la derogación del "Protocolo para el mantenimiento del orden público en caso de cierre de vías de tráfico" implementado por la ministra Patrica Bullrich.

Al mismo tiempo, el Comité felicitó a la Argentina por la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la llamada Ley de los 1000 dias, y recomendó que se mantenga el Plan ENIA --incluyendo presupuesto suficiente para dotar de suministros, instalaciones y recursos técnicos y humanos--, la educación sexual integral y el acceso al aborto legal. También recomendó “levantar la prohibición anunciada por el Presidente sobre el uso de lenguaje inclusivo en la administración pública” y consideró necesario que el Gobierno garantice “la continuidad, independencia, financiación, mandato e inmunidades de la Defensoría Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para asegurar la vigilancia, defensa y promoción de los derechos del niño”.

El Comité tiene sede en Ginebra y es el órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional de las Naciones Unidas, vigente desde 1990. Entre las principales funciones del Comité se destaca el examen de los informes periódicos presentados por los Estados que suscribieron la Convención. Argentina es uno de ellos. Los exámenes son cada cuatro años pero por la pandemia de covid el último sobre Argentina fue en 2018.

Al elaborar el documento con recomendaciones, el Comité tuvo en cuenta además del informe del Gobierno, que se presentó en diciembre --y llegó hasta la finalización de la gestión de Alberto Fernández-- los llamados “informe sombra” de organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional, CELS, CEDES, Red de Infancia, ELA, el Colectivo de Derechos de Infancia, que describieron los retrocesos en políticas de niñez en los primeros meses de la gestión de Milei. Además, fue clave el reporte que hicieron en Ginebra sobre la situación argentina tanto Unicef como la Defensoría de NNyA, a cargo de Marisa Graham. El 2 y 3 de septiembre, el Comité convocó a audiencias, donde el Estado y la sociedad civil tienen la posibilidad de interactuar. Pero llamativamente ningún funcionario del Ejecutivo Nacional estuvo presente en Ginebra. Es la primera vez que sucede algo así y cayó muy mal en el Comité. Ese es el primer cuestionamiento que hace el organismo al Gobierno en sus observaciones difundidas este jueves. “El Comité lamenta la ausencia de una delegación del Estado Parte que participara en el diálogo en persona, y considera que una reunión en línea --de manera remota-- no cumple las normas esperadas”, dice el reporte.

¿Cuál es la importancia de este informe? “El Comité es la voz más autorizada en el universo de los derechos humanos para evaluar y para tener recomendaciones específicas sobre qué se debe hacer y cuáles son las mejores estrategias para garantizar esos derechos de niños, niñas y adolescentes”, destacó en diálogo con Página 12 la abogada e investigadora del Cedes, Sonia Ariza.

“Parte del trabajo de la Defensoría de NNyA es el seguimiento del cumplimiento de las observaciones del Comité, las generales y las que le hace a la Argentina. Por lo cual ahora vamos a monitorear el cumplimiento de estas nuevas observaciones”, señaló por su parte Graham a este diario.

El informe repasa un amplio abanico de ejes vinculados con los derechos de la niñez y la adolescencia en el país. En particular, le recomienda al Estado que “desarrolle e implemente un nuevo plan nacional a largo plazo integrado en una política integral”.

También señala que el Comité “está seriamente preocupado por los cambios institucionales y políticos que se están proponiendo desde finales de 2023 y por el impacto que pueden tener en la protección de los derechos de los niños”. Menciona la reducción, fusión y supresión de ministerios, la desjerarquización de la SENAF por una subsecretaría “centrada en la familia y la infancia” y alerta sobre la “falta de coordinación entre las diferentes instituciones y organismos responsables de la protección de la infancia a nivel provincial y municipal, lo que puede dar lugar a la duplicación de esfuerzos, lagunas en la cobertura y falta de continuidad en la atención a los niños en situación de riesgo”.

También expresa estar “profundamente preocupado por la continua disminución drástica de las asignaciones presupuestarias para los niños, incluida la desinversión en salud y educación en los últimos meses”. Y recomienda “aumentar urgentemente las asignaciones presupuestarias para la infancia, incluyendo presupuesto para personal formado, infraestructuras adecuadas, programas de prevención y atención integral”. Y en particular pide que se garantice “las partidas presupuestarias destinadas a los niños en situación de desventaja o marginación, en particular los niños con discapacidad y los niños indígenas, en el actual contexto restrictivo”.

En relación con la salud en las adolescencias, en primer lugar, celebra los resultados del Plan Nacional para la Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) y la disminución de las muertes maternas por la legalización del aborto.

Además, manifiesta su preocupación por la persistencia de altas tasas de mortalidad de adolescentes embarazadas en algunas provincias. En ese sentido, el Comité recomienda a la Argentina que:

1. Asegure la continuidad y el fortalecimiento del Plan ENIA, incluyendo presupuesto suficiente para dotar de suministros, instalaciones y recursos técnicos y humanos. Es decir, todos los recursos necesarios para una implementación efectiva y apropiada a nivel nacional;

2. Garantice la efectiva implementación de la Ley 26.150 de educación sexual integral y que incluya el abordaje específico de la salud sexual y reproductiva integral que forme parte del plan de estudios escolar obligatorio en todos las edades en formatos accesibles y confidenciales, incluso en idiomas indígenas, con especial atención a la prevención del embarazo precoz y de las infecciones de transmisión sexual;

3. Garantice la disponibilidad y accesibilidad de servicios y atención sanitaria por personal capacitado para proporcionar servicios de aborto voluntario y legal y atención postaborto, especialmente para las niñas que quedaron embarazadas luego de violencia sexual, así como asegurar el acceso a anticonceptivos;

4. Desarrolle e implemente de forma efectiva una política para proteger los derechos de las mujeres embarazadas adolescentes, madres adolescentes y sus hijos/as, estableciendo acciones para combatir la discriminación contra a ellas.