Los estudiantes van a la Justicia por el boleto universitario

El conflicto por la demora en la implementación del boleto gratuito universitario en la Ciudad de Buenos Aires sigue escalando y ya tiene su primer capítulo judicial. Centros de estudiantes de la UBA anunciaron la presentación de un amparo en la Justicia para buscar que el Gobierno porteño ponga en marcha el nuevo boleto aprobado por la Legislatura a fines del año pasado en un histórico triunfo del movimiento estudiantil que sostenía el reclamo desde hace décadas. Los y las estudiantes esperaban que la gratuidad estuviera activa para el inicio del ciclo lectivo, mientras que desde el GCBA afirman que ya conformaron una "mesa interministerial" para definir la implementación.

El amparo colectivo fue presentado por los centros de estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales, de Filosofía y Letras, de Ciencias Sociales, y de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y lleva la firma de sus respectivas presidentas, Julia Benito, Renata Veber, Natalia Arakaki y Pilar López Barcala. En el escrito, los y las estudiantes representados por los centros piden que la Justicia ordene al Ministerio de Educación porteño  "que proceda a registrar a los estudiantes de Nivel Superior y ponga a disposición las tarjetas SUBE estudiantil o, en su defecto, vincule las tarjetas SUBE individuales a quienes se hayan registrado para así instrumentar el derecho al Boleto Estudiantil". 

Es que, en rigor, el GCBA no necesita crear un nuevo sistema de boleto educativo sino incorporar a los y las alumnas del nivel terciario y universitario al régimen de boleto ya existente en la Ciudad, que hasta ahora alcanza a los niveles primario y secundario. La Ley N° 6.770, aprobada por amplia mayoría en diciembre del año pasado, vino a ampliar lo establecido por la preexistente ley de boleto estudiantil para incorporar al nivel superior y algunas otras modificaciones como la inclusión de un subsidio del 55 por ciento del boleto para los "acompañantes" de estudiantes de primaria que no puedan viajar solos. 

Hasta ahora, sin embargo, los universitarios no han tenido novedades sobre su inclusión en el régimen. Tampoco las tuvieron acerca del método que se implementará para registrar a las personas alcanzadas por la gratuidad, ya que la ley se aprobó con restricciones de acceso: un tope económico por ingresos familiares y la exclusión de los y las alumnas que no tengan residencia en la Ciudad. Por ahora nada se sabe de cómo se harán efectivos esos criterios, por lo que los centros de estudiantes pidieron en el amparo que se dicte una cautelar para ordenar al GCBA que en un plazo de cinco días "arbitre las medidas urgentes para la inscripción de las y los estudiantes que cumplan con los requisitos". 

Tras la presentación del amparo, Olivera advirtió que la demora en la implementación se da "en un contexto de profundización de la crisis económica", por lo que se puede "poner en peligro la cursada de miles de estudiantes". Benito, por su parte, añadió que "es fundamental que el Poder Judicial nos escuche". "Lamentamos que no se haya podido resolver por las vías habituales que marca nuestra democracia, pero ante el silencio y la falta de respuesta, esta medida fue necesaria porque las y los pibes no pueden seguir esperando", apuntó. 

Los y las alumnas agregaron en este sentido que desde el Ministerio les habían informado que se conformaría una mesa de trabajo para la implementación del boleto, algo de lo que no tuvieron más noticias. Página 12 consultó a fuentes de la cartera educativa sobre la cuestión y respondieron que ya se conformó una "mesa interministerial", aunque no precisaron plazos posibles para la implementación del boleto. Sí señalaron que en la mesa "se está trabajando para la reglamentación, analizando bases de datos, empadronamiento y otras variables". 

También referentes de la izquierda presentaron un amparo en paralelo al de los centros de estudiantes para reclamar la puesta en marcha de lo estipulado por la ley. Lo hicieron las candidatas a legisladoras del Partido Obrero, Vanina Biasi y Tatiana Fernández Martí, secretaria general del centro de estudiantes de Filosofía y Letras. "¿Por qué 6 meses después y ya pasado un mes desde el inicio del cuatrimestre seguimos sin poder ejercer nuestro derecho?", se preguntaron y aseveraron que "nos están robando un derecho mientras el boleto no para de aumentar". 

El boleto fue aprobado con un tope de ingreso que permite acceder a la gratuidad a aquellos estudiantes que pertenezcan, como máximo, a hogares de "sector medio frágil" según la clasificación actualizada del Instituto de Estadísticas y Censos porteño. El reciente informe del instituto sobre el mes de marzo arrojó que ese sector lo ocupan las familias con ingresos mensuales de hasta 1,8 millones de pesos. Quienes formen parte de hogares con ingresos superiores no tendrán el boleto gratuito. A esto se suma la exclusión de los y las estudiantes sin residencia en la ciudad. Como contraparte, la ley de diciembre amplío a 96 la cantidad de boletos gratuitos a los que los y las alumnas tendrán derecho a acceder por mes.