Macri y otros 30 expresidentes de derecha pidieron la detención de Maduro

Una treintena de exmandatarios iberoamericanos de derecha y centroderecha, entre ellos Mauricio Macri, pidieron este viernes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) la captura y detención inmediata del presidente venezolano, Nicolás Maduro y de su número dos Diosdado Cabello, entre otros funcionarios. Por su parte el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, desmintió las acusaciones que señalan que se detuvieron niños producto de las protestas poselectorales.

El pedido de IDEA

El expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien en nombre de los firmantes presentó un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía de la Corte, destacó que "por primera vez 31 expresidentes firman un documento pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela". Entre los firmantes están los también colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el mexicano Vicente Fox; el boliviano Carlos Mesa; así como los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. 

Los signatarios, que forman parte de la conservadora Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), denunciaron en su informe jurídico violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, por parte del gobierno de Maduro, al que acusaron de terrorismo de Estado. Esta denuncia, que se hace extensiva a los miembros del Ejército venezolano por ser el soporte fundamental del gobierno, se suma a la causa abierta contra Venezuela en la CPI en 2021.

En noviembre de ese año, la Fiscalía de la corte con sede en La Haya abrió una investigación formal contra Venezuela después de haber examinado las denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014. Por ahora la investigación se realiza contra Venezuela y no contra altos cargo del país latinoamericano.

El eje principal del informe jurídico presentado por los exlíderes de derecha y centroderecha pone el énfasis en la existencia de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se sancionó el 29 de enero del 2020, que nombra a Maduro comandante en jefe, de tal modo que desde entonces es la máxima autoridad jerárquica del Ejército. "Es importante porque, de acuerdo con ese documento, Venezuela deja de ser un Estado civilista para convertirse en un Estado militar", señaló Andrés Pastrana.

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, por lo que teóricamente debe someterse a la soberanía del tribunal con sede en La Haya. El gobierno de Maduro, sin embargo, cuestionó durante estos últimos años las pesquisas abiertas, alegando entre otras cosas que no hubo abusos generalizados y que hay procedimientos de rendición de cuentas ya en marcha en el país sudamericano.

La investigación contra González Urrutia

La defensa del líder opositor Edmundo González Urrutia aseguró este jueves que el proceso penal contra el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) busca "sacarlo del juego político". Un tribunal de Venezuela dictó el lunes pasado una orden de arresto contra el opositor, tras ser considerado en desacato al no presentarse a tres citaciones por presuntos delitos ligados a los comicios como usurpación de funciones y sabotaje.

El líder de la PUD es investigado por la Fiscalía a raíz de la publicación en una página web del 83,5 por ciento de las actas obtenidas, según la alianza, a través de testigos y miembros de mesa, y que, insiste, reflejan la derrota de Maduro. El Consejo Nacional Electoral (CNE), por su parte, proclamó ganador al mandatario, aunque no publicó el detalle del escrutinio como establece la ley. Ese resultado fue convalidado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pero desconocido por Washington, la Unión Europea y varios países de América latina.

Vicente Haro, quien defiende que las actas publicadas por la oposición son auténticas y fidedignas, expresó que hubiera sido un error que González Urrutia se presentara a alguna de las tres citaciones emitidas por la Fiscalía para comparecer debido a la investigación, ya que su defendido no cuenta con garantías constitucionales suficientes para acudir a la institución. "Lo que se quiere es colocarlo en una situación de privación de libertad y esa es toda la señal que se está dando, para luego desconocer sus derechos e impedir ejercer los derechos políticos", mencionó el letrado.

Saab desmiente a la oposición 

Maduro responsabiliza al candidato opositor por los hechos de violencia en las protestas poselectorales, que registraron 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, indicó este viernes que los menores de edad detenidos por haber participado en las protestas tienen una edad comprendida entre 16 y 17 años, por lo que es falso que se encuentren en las cárceles venezolanas niños y preadolescentes, tal como buscaron instalar sectores extremistas de la oposición.

En una entrevista televisiva, Saab precisó que la legislación venezolana establece que para que alguien sea considerado niño debe estar en el rango de edad comprendido entre recién nacido hasta los 10 años. El fiscal general sostuvo que el 60 por ciento de los detenidos, incluso mayores de edad, ni siquiera estaban inscriptos en el CNE y confesaron haber recibido dinero para realizar actos vandálicos.