hace 5 month
16
ARTICLE AD BOX
"No hay ninguna evidencia que indique que valga la pena ponernos a discutir hoy la baja en la edad de punibilidad", sostuvo en diálogo con Página 12 la defensora nacional de los derechos de niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham. La defensora, que participó en el debate en comisiones de Diputados en torno al proyecto impulsado por el gobierno nacional, advirtió que todos los datos indican que el delito entre los 16 y 13 años --edad a la que busca llegar el proyecto-- viene bajando en los últimos años y tiene un mínima incidencia en el total de la población de ese rango etario.
"Unicef tiene un dato muy importante: el porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años que tienen acercamiento a la justicia penal en Argentina por presuntos delitos es del 0,45 por ciento del total; el dato fundamental ahí es que el 99,55 por ciento de los chicos no están cometiendo delitos", indicó la defensora y agregó que "los descensos en las tasas de criminalidad no tienen correlato con la baja de la edad de punibilidad, hay países que la han bajado hace décadas y tienen una tasa de criminalidad mucho más alta que la nuestra".
--¿Por ejemplo?
--Brasil es un caso. Desde los ’90 bajó la edad a los 12 años y tiene una tasa de homicidios del 23,1, mientras que la nuestra es de 4,2 y tenemos una de las edades más altas de la región, con 16 años. Y no sólo eso sino que en Argentina las estadísticas demuestran que el delito cometido por niños y niñas baja en todas las jurisdicciones, aun en las provincias con más población. En 2011 estábamos en 2.242 intervenciones en la justicia nacional de menores y en 2023 estuvimos en 1.767. Ahí aparece una manipulación muy flagrante del Gobierno, porque en los fundamentos del proyecto dicen que la cifra subió desde 2020 pero no explican que ese año el delito fue excepcionalmente bajo porque estábamos en cuarentena.
--¿A qué atribuye, entonces, que se vuelva a impulsar la iniciativa?
--Es algo cíclico. No es la primera vez que pasa: lo tuvimos en los '90, luego con la ley Blumberg, y hasta Germán Garavano lo impulsó con Mauricio Macri. Ese proyecto fue bien trabajado con organismos, pero no salió la ley porque todos estuvieron de acuerdo en todo menos en la baja de la edad. Creo que el discurso permea porque todos nos sentimos violentados si nos roban el celular o si en una entradera te pretenden quitar el auto con delitos más graves. Nosotros también reclamamos seguridad porque los chicos y chicas están más expuestos a ser víctimas de robos, sobre todo los más vulnerables. Entonces es lógico que se reclame, pero hay que fijarse en las estadísticas y la realidad es que los índices no se bajan con más cárcel.
--¿Por qué?
--Es llamativo porque el propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lo decía en diciembre: él quería bajar la edad pero afirmaba que con cárcel no porque es una cuna de delincuentes. Sin embargo, ahora el proyecto plantea penas de hasta veinte años. Los pibes salen peor por las condiciones de habitabilidad de los lugares de encierro. Las cámaras federales y nacionales le mandaron una carta a la Corte Suprema diciendo que la situación del sistema penitenciario está colapsada, que no se cumplen con los derechos y que la gente vive hacinada. En este contexto, donde ya no hay espacio, quieren bajar la edad y nos da mucho temor que los chicos vayan a módulos especiales como containers o módulos dentro de cárceles de adultos, que ya sería un retroceso centenario en la legislación. Tiene que haber otras soluciones que no tengan que ver con bajar la edad de punibilidad.
--¿Otro tipo de régimen penal?
--Los datos dicen que en Argentina los chicos son más víctimas que victimarios, pero eso no quiere decir que cuando hay uno que sea victimario el Estado no acuda para ver qué pasa. El propio Comité de los Derechos del Niño nos dice cada cinco años, cada vez que vamos a rendir cuentas, que tenemos que cambiar la ley actual porque efectivamente no garantiza los derechos, pero pone cuatro condiciones contrarias a lo que se propone ahora: que no bajemos la edad, que no agravemos las penas, que la privación de la libertad sea por el menor tiempo posible para las edades punibles y que se aplique una justicia restaurativa con penas alternativas. Necesitamos una buena ley que cumpla con estos cuatro ítems como mínimo.
--¿Hay experiencias en ese sentido en el país?
--Hay provincias que han resuelto a través de legislaciones propias muchos de estos temas, pero el proyecto del gobierno también es muy poco federal y olvida que hay distritos que no tienen este problema. Ahora, muchas jurisdicciones que sí lo tienen están encarando el tema. En la Provincia de Buenos Aires hay diversos distritos, incluso gobernados por fuerzas políticas diferentes, como Ensenada o Tres de Febrero, que tienen programas que trabajan para que no reiteren si cometieron algún ilícito. Hay que dar responsabilidad a los chicos, aclarar cuáles son sus opciones en la vida, y trabajar con las escuelas, las familias, los clubes de barrio, porque es el Estado el que se tiene que hacer cargo si el chico está acercándose a una trama delictual para evitar que entre a un lugar del que después no pueda salir.
--¿Existen esas alternativas?
--Sí, los datos indican que a mayor presencia de escuela o de clubes de barrio, por ejemplo, baja el índice de delito y también el ingreso a tramas que hoy están muy permeadas por el narcotráfico. En nuestro país los niños, niñas y adolescentes tienen un gran paraguas que es la adhesión a la Convención de los Derechos del Niño. En ese momento les dijimos que el mundo adulto y el Estado les debe una protección especial, pero eso no se está cumpliendo si se abandona a nuestros chicos y chicas para dejarlos en manos de bandas del crimen organizado. ¿Por qué no se combate a los grandes narcos? ¿Quién le pone un arma en la mano a a los chicos, si no? Hay que recordar que el mismo Ejecutivo que busca castigar a chicos de 13 años porque un adulto les pone un arma en la mano es el que propone al unísono un blanqueo de armas.
English (US) · 
Spanish (AR) ·