No la ven

El miércoles 2 de octubre fue la segunda marcha universitaria del año para reclamar por el financiamiento de la educación pública. Tenía un día muy complicado de agenda, pero ordené todo para poder asistir. Después del programa, me calcé las zapatillas y fui al Congreso. Saliendo del canal, me crucé con un compañero que me preguntó por qué iba a la marcha yo. Me sorprendió su pregunta, no la esperaba. Lo que más me descolocó fue lo que pude leer entre líneas: yo, que tengo medicina prepaga, que tengo hijxs en una escuela privada, que no tengo en este momento dificultades económicas, no estaría afectada. Le respondí que iba porque no me gusta lo que está pasando, porque los recortes y el ajuste siempre se aplican a los que menos tienen, porque no coincido con las formas autoritarias de este gobierno y porque creo que si no salimos a las calles a defender nuestros derechos podemos perder todo. Creer que quienes estamos en una situación privilegiada, que tenemos trabajo y podemos pagar las cuentas no nos perjudicamos si al resto de la sociedad le va mal es estar muy equivocado. También es un error pensar que a alguien no le incumbe de manera directa el sufrimiento ajeno: se puede tener empatía y ganas de que todxs estemos bien.

Fue otra marcha multitudinaria. Si bien parecía haber menos gente que en la anterior, fue muy masiva, y si tomamos en cuenta las réplicas que se dieron en el interior del país, la convocatoria superó a la primera. Estaba llena de estudiantes y la única diferencia notable esta vez fue que las columnas políticas lograron llegar a la plaza. En la primera, les había resultado imposible gracias a la masiva y espontánea marea humana. Como siempre, pudimos ver a lxs políticxs de siempre, intentado tirar agua para su molino, ignorando por completo el panorama. Hace tiempo que lo vengo mencionando en esta columna: quienes dicen ser nuestros representantes están desconectados de la realidad del pueblo. Los de ahora no la ven; los de ayer, tampoco, por eso caminan impunes por las calles, marchando por la universidad pública sin hacerse cargo de que ellos también son responsables del deterioro de esta. El canto “vamos a volver…” solo me provoca cuestionamientos. ¿Perdieron la memoria? ¿Se creen que la gente es tonta? Si piensan que este presente los puede traer nuevamente al poder, están equivocados. El pueblo se cansó de las mentiras y las falsas promesas. Si no se reinventan y logran convocar a nuevos referentes con ganas de trabajar y mejorarles la vida a los ciudadanos, con estos cantitos viejos lo único que logran es darle un poco más de vida a un presidente que copia discursos de series de televisión.

El gobierno, con semejante panorama, salió a instalar versiones falsas sobre la cantidad y el origen de los alumnos, el acceso a fondos, las auditorías y los salarios docentes. Los rectores refutaron automáticamente estas mentiras con un comunicado. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salió al cruce de la desinformación que promueve el gobierno nacional. Ya conocemos su modus operandi cada vez que quieren desfinanciar programas o planes de gobierno: denuncian corrupción, como hicieron con el FISU, a través de una permanente campaña de desinformación y mentiras y después los desarticulan. Así de simple. Por suerte, las mentiras tienen patas cortas y la gente ya no come vidrio. Hoy, instalar esos engaños ya no les resulta tan fácil.

A cada una de las falsedades que se dijeron es importante oponerle una verdad de la realidad universitaria. En principio, es falso que las universidades inventen estudiantes para cobrar más fondos. El CIN explica que los fondos recibidos no tienen relación con la cantidad de personas que cursan, sino con el último presupuesto consolidado, que se actualiza. Para este ajuste se tienen en cuenta los salarios docentes y no docentes y los gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología.

Por otra parte, revelaron que es falso que los pobres no estén en las universidades. Según los datos relevados, el 48,5 % de los 2 millones de estudiantes que integran el sistema universitario están por debajo de la línea de pobreza. La mayoría de lxs alumnxs (casi 7 de cada 10) provienen de familias no universitarias.

En cuanto al punto más repetido por la gente y que tiene muchas aristas, explicaron que es falso que no se controle lo que las universidades gastan. De hecho,todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto. El 90 por ciento de los gastos lo llevan los salarios registrados y el 10% restante cubre el funcionamiento básico (servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y equipamiento mínimo). El argumento que le permite generalizar al gobierno se desprende de un conjunto de situaciones que ocurren con las auditorías, que no son únicas y que dependen de varias entidades.

La Ley de Educación Superior establece que las universidades nacionales estatales deben ser controladas por la Auditoría General de la Nación y, al mismo tiempo, deben organizar sus propias auditorías internas. Es cierto que la AGN ha realizado auditorías sobre universidades, pero no todos los años, ni en todas las facultades y además lleva un retraso. Por otro lado, existe otro organismo que controla internamente a la Administración Pública, que es laSindicatura General de la Nación (Sigen) y que depende del Presidente. Su margen de acción sobre las universidades está limitado desde 2022 por una ley, así que no pueden ser auditadas. Las universidades argumentan que se vulneraría el principio constitucional de autonomía universitaria si fueran controladas por el Poder Ejecutivo y se resisten. En síntesis, nada de esto puede interpretarse como ausencia total de control, quizá sí se puede pensar en cómo establecer un sistema que transparente mejor la gestión, pero antes de eso, ¡es necesario un presupuesto actualizado!

También es falso que los salarios en las universidades estén por encima del sector público en general. Durante el 2024, la pérdida del poder adquisitivo supera el 30% y vienen perdiendo desde fines 2023 mucho más.

Si el argumento para vetar la Ley de Financiamiento Universitario es el de asumirla como un atentado contra el equilibrio fiscal, que me expliquen la definición de atentar. La ley votada en el Congreso representa apenas el 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI). ¿En serio un 0,14% desestabiliza tanto como para sacrificar una de las mejores cosas que tenemos como país? ¿Acaso nuestros representantes no están capacitados para pensar en soluciones creativas o superadoras para evitar este colapso innecesario del sistema universitario público? Me parece que tienen que estudiar más, así la ven. ¡Que vuelvan ellxs a la universidad, entonces! Vayan yendo, que todavía es gratuita.