Putin no fue arrestado en Mongolia, un Estado miembro de la CPI

Este encuentro supone un revés para el orden jurídico internacional, según afirmaron expertos. Aunque "es evidente que no había ninguna opción de detener a Putin", como aportó Bayarlkhagya Munkhnaran, analista político mongol, también aclaró que "para Ulán Bator, el escándalo actual vinculado a la orden de la CPI es una cuestión secundaria respecto a la necesidad de mantener relaciones previsibles con el Kremlin".

El director ejecutivo de Amnistía Internacional, Altantuya Batdorj, por su parte, declaró que "el presidente Putin es un fugitivo de la justicia", con el organismo advirtiendo que no arrestar al mandatario ruso podría socavar la legitimidad de la CPI.

La corte, con sede en La Haya, sospecha que Putin es responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos del territorio ocupado a Rusia lo cual constituye un crimen de guerra, pero no dispone de una fuerza coercitiva propia para realizar el arresto. Por ello, depende de la colaboración de las fuerzas locales.

No está claro el proceder de la CPI y sus Estados miembros ante el incumplimiento de la orden de arresto. Un portavoz del tribunal adelantó que no puede decirse cuándo llegará una respuesta por parte del organismo.

Durante la reunión entre Putin y Hürelsüh, ambos destacaron la firma de un acuerdo para el suministro de productos petrolíferos, y el diseño y presupuesto de la modernización de la red energética en Mongolia. Ambos mandatarios expresaron su confianza en que el Acuerdo de Libre Comercio provisional entre Mongolia y la Unión Económica Euroasiática, a firmarse a fines de año, podría "crear nuevas oportunidades para ampliar el marco legal para el comercio y la cooperación". También estuvieron de acuerdo sobre la importancia de acelerar la creación del Corredor Económico Mongolia-Rusia-China.

Las relaciones Mongolia-Rusia

La diplomacia entre ambos países se remonta a 1921, con el establecimiento de embajadas entre ambos territorios desde 1922, en una conexión íntima que hoy se renueva en el contexto de las crecientes tensiones internacionales.
Mongolia es un país democrático situado entre dos gigantes, China y Rusia, con los cuales mantiene fuertes vínculos culturales y comerciales.El país fue parte de la órbita de Moscú durante la era soviética pero, aun colapsada la Unión Soviética, ha mantenido relaciones cercanas con sus vecinos.

De esta forma, el gobierno mongol no ha condenado la ofensiva rusa en Ucrania y se abstuvo en las votaciones relacionadas al conflicto en el marco de la ONU.

Putin elogió "la actitud respetuosa" de Mongolia hacia su "herencia histórica común", y garantizó que los países tienen "posiciones cercanas" en "numerosas cuestiones de actualidad internacional”. Su visita pone a Mongolia en un lugar incómodo, ya que incrementa la presión de las cortes internacionales, pero no resuelve su dependencia económica con Rusia.

La CPI y Sudáfrica

El propio tribunal, con sede en La Haya, recordó la semana pasada que todos sus Estados miembros tienen la "obligación" de detener a las personas buscadas, pero esto no se traduce a la práctica.
"No existe un 'castigo' real por no cumplir con una orden de arresto de la CPI y una solicitud de extradición", aporta Sergei Vasiliev, profesor de derecho internacional en la Universidad Abierta de los Países Bajos, por lo que "las acciones futuras dependen de los Estados miembros".

El verano pasado, Rusia intentó demostrar que la orden de arresto internacional no tenía ningún valor, permitiendo que Putin viajara a Sudáfrica, otro Estado miembro de la CPI, para una reunión del BRICS. Esto puso al país anfitrión en una posición difícil. El Kremlin, en su momento, anunció que el arresto sería considerado como una declaración de guerra. Finalmente, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa anunció que el lugar del presidente ruso sería ocupado por su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov.

En 2015, Sudáfrica también habría ignorado la orden de arresto contra el entonces presidente de Sudán, Omar Al Bashir, lo cual llevó a la CPI a realizar una audiencia, donde dictaminaron que el gobierno sudafricano no había cumplido con su deber, pero no hubo suspensión ni remisión al Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, no tuvo mayores consecuencias.