Seis de cada diez mujeres reciben mensajes digitales sexuales y misóginos

El 59 por ciento de las mujeres en Argentina recibió mensajes sexuales y misóginos vía internet y una de cada tres sufrió violencia en las redes sociales, según una investigación de Amnistía Internacional. Y el 70 por ciento de las que sufrieron abuso o acoso online hicieron cambios en la forma en que usan las plataformas: entre estas últimas, el 36 por ciento dejó de publicar o compartir contenidos que expresaban su posición sobre ciertos temas.

ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información pusieron de relieve que en América Latina y el Caribe, el 80 por ciento de las mujeres con voz pública limitó su participación en redes sociales; el 40 por ciento se autocensuró; una de cada tres cambió de puesto laboral y una de cada cuatro fue despedida o no le renovaron el contrato.

Estos ataques, además de limitar la libertad de expresión, disciplinar y silenciar el debate público, impactan en la salud y seguridad de las personas afectadas. En este marco, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, ONU Mujeres, Amnistía Internacional y el apoyo de la Embajada de Canadá, se unieron junto a actores clave en el evento “Hackeá la violencia digital”.

“Hackeá la violencia digital”

Conducido por la periodista Diana Zurco, el encuentro tuvo el objetivo de compartir experiencias y promover estrategias de acción para abordar los ataques digitales a personas y organizaciones que promueven la agenda de género y derechos humanos.
Mariana Isasi, Jefa de Oficina de UNFPA Argentina, dijo a su turno: "La violencia digital no es un problema aislado, tiene un impacto y consecuencias devastadoras en la vida de las personas, porque limita sus oportunidades y vulnera sus derechos. El trabajo conjunto y coordinado puede lograr un cambio significativo para construir un futuro digital donde todas las personas puedan vivir libres de violencia y discriminación", expresó.

La coordinadora de programas de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado, subrayó que la violencia digital también es violencia basada en género. “Es la misma violencia que ocurre en otros espacios, pero ahora pasamos más tiempo en los espacios digitales. Esta violencia tiene características peculiares: la inmediatez, el anonimato, la réplica exponencial o la falta de regulación. Por ello, las empresas que regulan las redes sociales tienen un rol fundamental. Tenemos que reflexionar qué recomendaciones queremos construir. Es un tema sumamente importante que desde ONU Mujeres venimos trabajando”.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, comentó que "la violencia y el abuso que viven muchas mujeres en las redes sociales hace que se autocensuren; limiten sus interacciones y, en algunos casos, abandonen la red por completo. En definitiva, estos amedrentamientos repercuten en la falta de pluralidad de voces. En consecuencia, resulta indispensable que el Estado adopte medidas para atender la violencia de género en el entorno digital ya que no es un problema social que se autorregula solo. Es necesaria la producción de datos para el diseño de políticas públicas eficaces y que se adopten medidas para resguardar la libertad de expresión".

Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación, alertó que “la violencia contra las activistas es una violencia contra las mujeres, pero también pone el juego la calidad del sistema democrático. Hay una disputa sobre en qué sociedad queremos vivir, sociedades más justas y humanas”.

Discursos de odio

En el encuentro expuso Víctor Abramovich Cosarín, procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien reflexionó sobre los debates actuales vinculados con la regulación de los discursos de odio y las expresiones discriminatorias en los medios de comunicación masivos y en las plataformas digitales. “Hay que pensar cómo promover marcos regulatorios y mecanismos de rendición de cuentas multilaterales que puedan ser efectivos para lograr la responsabilización de las empresas en un contexto donde la prevención de la circulación de este tipo de expresiones requiere de múltiples actores y una sociedad civil organizada controlando y observando ese fallo”, comentó Abramovich.