Un municipio que busca sostener la clandestinidad  

“Obligar a gestar es tortura”, “Negar derechos es delito”, “Abortar es ley, negarlo es delito” y “Libertad es mi derecho a abortar” fueron algunas de las frases que se desplegaron durante una intervención callejera llevada a cabo por agrupaciones feministas de la zona norte del Conurbano bonaerense. La actividad, que incluyó micrófono abierto, distribución de materiales informativos y una pegatina de afiches buscó visibilizar, de cara al 28 de septiembre --Día de la Despenalización y Legalización del Aborto--, la situación irregular que afrontan las pacientes y las profesionales del Hospital Materno Infantil de San Isidro: una campaña sistemática de hostigamiento contra quienes solicitan la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en esa institución.

“Entre muchos otros casos similares, hoy tenemos una piba de 17 años internada en Unidad de Terapia Intensiva , que fue operada por las complicaciones de ser expulsada del sistema. No le dieron acceso a la IVE, se hizo un aborto clandestino, y volvió con complicaciones. Terminó en terapia intensiva”, denunciaron ante este diario fuentes del servicio de salud de ese municipio.

Con el cambio de autoridades en el Municipio y el ascenso de Ernesto Beruti y Santiago Calello como directivos del hospital maternoinfantil, San Isidro dio un paso en el camino de la violación de los derechos humanos. Hoy en día las personas que van a solicitar un aborto, es decir, una práctica médica legal, son perseguidas para llevar a término un embarazo no deseado. En el hospital fue instalado un dispositivo llamado “maternidades vulnerables”. Las personas que se acercan a ese centro de salud manifestando que quieren interrumpir su embarazo son obligadas a hacer una parada en ese consultorio, donde son atendidas por quienes se presentan como “voluntarios” (y no pertenecen al personal del hospital, ni son profesionales de la salud).

En ese dispositivo y en otro que se llama “Alégrate madre”, según denuncia la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito --Regional Norte del Conurbano Bonaerense-- y fuentes del hospital, se desinforma y se manipula a las usuarias para que cambien de opinión. Son interceptadas por voluntarias (en su mayoría referentes religiosas) que deambulan por el hospital y arrastradas a estos consultorios antes de lograr ver a un médico.

El miércoles pasado, el Consejo Deliberante de San Isidro tomó conocimiento de los diferentes relatos que detallan el modo de operar de estos consultorios y aprobó un pedido de información sobre su funcionamiento y sobre las llamadas voluntarias que lo atienden.

Se trata de estrategias de manipulación y coerción que eran moneda corriente en tiempos sin ley, tanto en instituciones privadas como públicas, pero que ahora se llevan adelante aun con una ley que ampara los derechos de las mujeres que solicitan un aborto.

La ley nacional 27.610 de acceso a las interrupciones voluntarias y legales del embarazo fue sancionada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación en diciembre de 2020 y promulgada en el Boletín Oficial en 2021. A partir de entonces, Argentina a través del Ministerio de Salud de la Nación generó las herramientas para responder a una demanda histórica: contar con una política sanitaria para acceder de manera segura y gratuita a una práctica médica. Estas prácticas antiderechos, como la del Hospital de San Isidro, también atentan contra el cumplimiento de otra ley vigente, que es la 25.673, de Salud Sexual y acceso a métodos anticonceptivos.

Actualmente, existen en todo el país 1982 centros de salud y hospitales públicos que garantizan las interrupciones del embarazo. En 2023 se informaron 107.505 accesos seguros a interrupciones del embarazo. Hay producción pública y nacional de medicamentos que se utilizan para ello, además, de la distribución de métodos anticonceptivos.

Con el recambio de gestión local y las nuevas autoridades en la Maternidad del Municipio, se instaló el consultorio denominado “Maternidades vulnerables”. Este espacio no es atendido por profesionales de la salud, sino por “voluntarias” que buscan persuadir a quienes se acercan a solicitar un aborto, para que cambien de decisión, ejerciendo violencia y vulnerando el acceso a la información.

Esta metodología ilegal se utiliza también en el Municipio de San Miguel. Allí lleva el nombre de “Camino de la embarazada vulnerable”. Casi no hay diferencias con las estrategias, anteriores a la sanción de la IVE, que se utilizaban para “captar” mujeres, principalmente adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, para obligarlas a gestar y parir. Se trata de prácticas catalogadas internacionalmente como “trato inhumano y tortuoso”, que incluyen por ejemplo mostrar a las usuarias videos de fetos, manipulados, y regalar escarpines. Incluso antes de poder acceder a la consulta ginecológica, son obligadas a realizarse una ecografía y a ver el feto y escuchar sus latidos.

Argentina vivió muchas décadas bajo un sistema clandestino de acceso al aborto. Durante años el movimiento transfeminista fue ganando terreno y avanzando en su trabajo contra la despenalización social del aborto, a través de la conformación de redes fundamentales para sacarlo de la clandestinidad.

Desde 2018, los más diversos ámbitos sociales, políticos y culturales empezaron a pronunciarse sobre ese derecho. En eso consistió la despenalización social: correr a esa práctica médica del lugar de estigma y silencio en el que estaba y reubicarla en el lugar que hoy ocupa en Argentina, es decir, como una cuestión de salud pública, de derechos humanos y de justicia social.

“El fundamentalismo religioso no puede gobernar, los antiderechos no pueden reemplazar a las y los profesionales de la salud, y el intendente Ramón Lanús está dejando que eso suceda cuando viola el marco normativo vigente. Como intendente no está eximido de la responsabilidad política y pública de cumplir con las leyes nacionales, provinciales y locales”, apunta la Campaña.