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El 95,7 por ciento de las mujeres y LGBTIQ+ que sufre violencia de género y buscó ayuda declaró que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos, según el informe estadístico del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (2023). Siete de cada 10 tiene a cargo niños menores de 14 años y 4 de cada 10 habitan en viviendas provisorias.
Según reveló un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), al Estado le cuesta 22 veces más intervenir de manera tardía en los casos de violencia de género.
“Alegando criterios de eficacia, eficiencia y economía se debería promover todos los programas orientados a fortalecer las autonomías de las mujeres para que puedan buscar ayuda a tiempo”, destacó la directora ejecutiva de ELA, Natalia Gherardi.
Entre personas LGBTIQ+, migrantes, con discapacidad, afrodescendientes, pertenecientes a pueblos indígenas, mayores de 60 años, se reportaron niveles de máximo riesgo superiores a la media o bien se observa mayor prevalencia de violencia física o sexual
Por otro lado, exigir la denuncia sin brindar espacios y estrategias de contención es poner a la víctima en riesgo antes que ayudarla, agregó. También, precisó que se debe tener en cuenta que no todas las formas de violencia son delitos. La Ley 26.485 de Protección Integral aprobada en 2009 no crea tipos penales sino que define distintas conductas que constituyen violencia.
Además, en caso de que una víctima quisiera denunciar, ¿con qué recursos cuenta para hacerlo? Hay, señaló Gherardi, tan solo 11 abogados/as en todo el país integrando el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género cuya tarea es brindar patrocinio gratuito a víctimas de violencia. “¿Qué sucede entonces con las miles de mujeres que, si deciden denunciar, no pueden luego pagar un/a abogado/a que las acompañe en el proceso?”, se preguntó la abogada