El hacinamiento de los presos

Más de 2400 personas están detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, con una sobrepoblación que supera las 450 plazas en las alcaidías y las 250 en las comisarías. Los números surgen de un nuevo informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que cobra especial interés en medio de la puja entre Ciudad y Nación por el destino de los presos, luego de que la Justicia ordenara que los detenidos debían ser trasladados a las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El informe confirma que casi todos los detenidos corresponden a causas de la Justicia nacional o federal y que alrededor de 450 personas se encuentran en condición de "espera de alojamiento" en lugares como oficinas, subsuelos o guardias internas de las dependencias porteñas. 

El informe N°35 de la PPN es, por dos razones, el de más relevancia desde que la entidad comenzó a relevar la situación en el año 2022. En primer lugar, porque marca el pico de personas detenidas en comisarías y alcaidías desde que empezó la medición. En segundo lugar, por su importancia política en medio de la crisis de sobrepoblación que atraviesan esos lugares de detención y el correspondiente cruce entre las dos jurisdicciones por saber quién se hará cargo de las personas detenidas. Todo mientras la campaña electoral legislativa pone primera en la ciudad. 

Los datos duros

Los números de la Procuración marcan que, al 28 de febrero, fecha en que cerró el relevamiento del informe, los presos en comisarías y alcaidías eran 2445, lo que marca un aumento interanual del 28,8 por ciento. El reparto da que para esa fecha había 1468 detenidos en alcaidías, 525 en comisarías y 452 "en espera de alojamiento" (106 más que hasta enero). El informe, además, desagrega los datos para especificar la sobrepoblación en cada ámbito. En cuanto a las alcaidías, precisa que la capacidad ideal del sistema es de 1009 personas, por lo que "la sobrepoblación alcanzó las 459 plazas", mientras que la capacidad ideal de las comisarías es de 265 plazas, "es decir que la cantidad de alojados casi duplicaba el cupo, con una sobrepoblación de 260 personas". 

Se trata en todos los casos de centros preparados sólo para alojar detenidos de forma transitoria, durante las 48 horas en las que debería definirse su situación y su destino. Sin embargo, el informe marca que al 28 de febrero sólo 49 de las 2445 personas llevaban hasta una semana de detención en comisarías o alcaidías, mientras que todo el resto excedía ese tiempo, con un promedio de 122 días para los dos ámbitos. En las alcaidías se registraron incluso 51 detenidos que están allí desde hace más de 19 meses, mientras que 435 (el 17,8 por ciento del total) tenían condena al menos de primera instancia. El 93 por ciento del total, por su parte, corresponde a causas de la Justicia nacional, 1,6 por ciento a la Justicia federal, y sólo el 5 por ciento al fuero porteño.

La eterna espera

La situación más preocupante, sin embargo, es la de aquellas personas que directamente se encuentran "en espera de alojamiento". La PPN remarca que esas 452 personas permanecían al momento de cerrar el informe "en 'oficinas', 'quinchos', 'depósitos', 'subsuelos", 'guardias internas', entre otros lugares inapropiados hasta lograr su derivación a un calabozo de una comisaría o alcaidía", que a su vez son lugares de detención transitoria, por lo que esas personas se encuentran a la espera de la espera. 

El seguimiento de esa cifra es también un punto clave para entender el tironeo entre las dos jurisdicciones, que comenzó ya con las gestiones anteriores y recrudeció a partir del año pasado tras la seguidilla de fugas de comisarías y alcaidías que volvieron a producirse entre enero y febrero de este año. Antes, entre noviembre y diciembre de 2024, la sobrepoblación tuvo un leve descenso que, según pudo averiguar Página/12, correspondió a una especie de tregua en el conflicto en la que Patricia Bullrich comenzó a recibir un mayor flujo de detenidos en el SPF. Según el informe de la Procuración, la cifra de personas "en espera" llegó a bajar en diciembre a 160 y el total de detenidos en CABA descendió a 2066. 

Tras esa baja, todo volvió a ser como antes, el flujo de traslados se ralentizó y las cifras totales ascendieron hasta el pico actual, con unas 400 personas más que en diciembre. Las negociaciones se enmarcan en un proceso de hábeas corpus en el que la Justicia ya ordenó que los presos deben estar en complejos del SPF y fijó en 130 personas la cantidad de detenidos aproximados de los que Nación debería hacerse cargo por semana para destrabar la situación. 

Desde el GCBA aseguran que tras el período noviembre - diciembre, la ministra decidió bajar de un día para el otro el flujo de traspasos del sistema porteño al federal, a alrededor de 60 detenidos semanales, y que actualmente el número se encuentra en 80 por semana. En el medio, Bullrich salió a cruzar directamente al GCBA y al entonces ministro de Seguridad, Waldo Wolff, acusándolo de no hacerse cargo de los presos que le correspondían, posición que mantienen hasta el día de hoy. La renuncia de Wollf no sirvió para que las negociaciones se reactivaran, algo similar a lo que sucede con las conversaciones que corren en paralelo por el traspaso del servicio penitenciario para que la ciudad cuente con uno propio. 

Un proyecto de ley

El Gobierno porteño afirma que quiere recibir esa competencia y que enviará un proyecto de ley a la Legislatura para crear un servicio propio, pero antes debe definirse el punto más álgido de la negociación: los fondos correspondientes al traspaso, tema que debe decidirse con el aval de las esferas más altas del Ministerio de Economía nacional. El apellido Caputo aparece allí como un factor decisivo en la cuestión. En la Legislatura ya hay proyectos para crear el servicio penitenciario porteño, como el presentado el año pasado por el diputado de Unión por la Patria, Matías Barroetaveña. 

Mientras tanto, fuentes del GCBA actualizaron a este diario las cifras de detenidos que maneja la administración porteña, luego del corte en el 28 de febrero del informe de la PPN. El número, aseguran, ya se encuentra en 2476 y el propio ministro de Justicia, Gabino Tapia, lo catalogó en declaraciones públicas como "alarmante". "La responsabilidad es del SPF y es la ministra la que se tiene que llevar a los detenidos que hay en comisarías", aseveró en una entrevista en Futurock. 

Por el momento, nada indica que la cifra vaya a dejar de aumentar en el futuro próximo, al menos mientras el conflicto entre jurisdicciones no se resuelva, algo que no parece estar en la agenda de un horizonte político que tiene en el medio a la campaña electoral porteña, con el Pro y La Libertad Avanza enfrentados.