Las personas condenadas en comisarías porteñas serán trasladadas a cárceles federales

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 23, liderado por el juez Norberto Circo, determinó que todas las personas condenadas que actualmente se alojan en las comisarías y alcaldías dependientes del Gobierno de la Ciudad, sean trasladadas al Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Esto fue ordenado a raíz de un habeas corpus interpuesto por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Según este documento hay 2455 personas detenidas en las comisarías y alcaldías, descriptas como "de alojamiento transitorio" y sin "las condiciones mínimas requeridas por la normativa nacional e internacional para la detención de personas condenadas”.

De todos esos detenidos 411 han sido condenados, y menos de la mitad con sentencia firme (son 181). De los más de 400 detenidos hay 57 a disposición de la justicia porteña, cinco de la justicia federal y solo dos de la bonaerense, mientras que los 357 restantes están a disposición de la Justicia Nacional.

"No garantizan la seguridad"

La detención de todas estas personas en comisarías y alcaldías para los propios detenidos "no garantizan su seguridad ni el acceso a programas de rehabilitación y resocialización", tal cual lo solicita el artículo 18 de la Constitución Nacional, como también la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Entre las principales problemáticas que destaca el escrito se encuentran el "hacinamiento, deficiencias sanitarias y riesgos para la integridad física y psicológica de los internos". Estas condiciones generaron que el pedido de traspaso de los presos a cárceles federales sea un reclamo de hace años, acelerado en este contexto debido a las fugas que sucedieron en los últimos meses. En base a registros oficiales, hubo 11 fugas entre 2024 y lo que va de 2025. El año pasado hubo ocho escapes con 51 presos fugados, mientras que en este 2025 van tres escapatorias en las que trece personas consiguieron eludir su reclusión.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 23 señaló que la sobrepoblación "es obvia y conocida", y que esta "agrava la calidad de detención de cada uno de los internos". El documento explica que las personas detenidas ven sus derechos restringidos en comparación a quienes no han sido penados, pero advierte que "ello no puede significar, en ningún caso, la situación descripta en las presentes, bajo ningún propósito, la implementación de tratos o medidas que vulneren su dignidad, o importen tratos inhumanos o degradantes”.

Para el juez Circo la sobrepoblación de comisarías y alcaldías porteñas "lo único que hace es deteriorar el sistema de detención" y argumentó que "los condenados por la Justicia Nacional debieran ingresar directamente en la órbita del Servicio Penitenciario Federal”. Según el magistrado esta sobrepoblación en dependencias porteñas "rompe con el régimen progresivo y la finalidad resocializadora de la pena, previsto por la Ley de ejecución penal 24.660”.

Lugares de tránsito

En el artículo Nº 12 de la ley 24660, recuerda el documento expuesto por el Juzgado liderado por Circo, se indica que "la finalidad de la ley es el tránsito de la privación total a la restricción de la libertad, que comprende cuatro etapas sucesivas: observación, tratamiento, prueba y libertad condicional", algo que no se cumple porque 411 personas están detenidas en un lugar diferente al que correspondería. Esta situación no solo llevó a que las comisarías y alcaldías estén repletas, si no que se han armado cuatro alcaldías provisorias en Chacarita, Barracas, Villa Soldati y Saavedra.

Durante esta semana hubo un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional respecto al traslado de detenidos. La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, prometió mudar a 5000 presos a cárceles externas a la Capital Federal. Comprendiendo las nuevas necesidades que va a tener el Servicio Penitenciario Federal debido al traspaso, ya se anunció un refuerzo del personal en pos de "garantizar el funcionamiento de estas unidades".